La candidata de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Presidencia del Gobierno, Rosa Díez, ha lamentado este sábado que "el partido que gobierna en España y en Euskadi" vaya a acudir a una "conferencia de claudicación" ante los terroristas.
Díez se ha pronunciado así en un acto de partido celebrado en Valencia junto a los cabezas de lista de la formación al Congreso por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, en el que ha criticado duramente que los socialistas hayan confirmado su presencia en la Conferencia Internacional de Paz que se celebrará el próximo lunes en el Palacio de Aiete de San Sebastián, en la que se pretende aprobar resoluciones en las que se reclame a ETA su fin y al Gobierno que dé pasos en el proceso de pacificación y normalización.
Así, ha censurado que el PSE "vaya a una conferencia organizada por los amigos de los terroristas en la que se va a debatir que hay que terminar esta cuestión entre ETA y la democracia sin vencedores ni vencidos" y se ha preguntado "qué sociedad democrática puede tolerar sin castigar que el partido que gobierna España y el partido que gobierna Euskadi se abrace a la paz de ETA después de que llevamos decenas de años luchando para no aceptar la paz de (Francisco) Franco".
"¿Vienen ahora a decirnos que tenemos que aceptar la paz de ETA? No es posible", ha subrayado la dirigente de UPyD, que ha agregado que si ellos (los responsables del Gobierno Vasco) no son decentes, los ciudadanos tenemos que obligarles a que sean decentes" y en su mano está "echarles y castigarles por no respetarnos a todos nosotros y por no respetar la memoria de todas las víctimas del terrorismo".
En este sentido, ha señalado que los socialistas acudirán a la conferencia "aparte de porque son unos inmorales, porque los ciudadanos no les castigan en las urnas".
Además, ha preguntado "qué sociedad puede aceptar que le digan una parte de los que están en las instituciones que organizan esa conferencia de claudicación que hay que subvencionar a los que nos han querido quitar la vida y la libertad, que hay que pagarles pensiones, que hay que tratarles como iguales, que hay que reconocerles como parte de nosotros".
Díez ha destacado que con el paso de los años se han ido dando pasos en favor de la libertad en Euskadi desde la época en la que las opciones eran "resignarse, marcharse o no alzar la voz", aunque, según ha recalcado, "hay quien nos ha traicionado al final del camino".
lunes, 17 de octubre de 2011
caudicar ante el terrorismo
La candidata de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Presidencia del Gobierno, Rosa Díez, ha lamentado este sábado que "el partido que gobierna en España y en Euskadi" vaya a acudir a una "conferencia de claudicación" ante los terroristas.
Díez se ha pronunciado así en un acto de partido celebrado en Valencia junto a los cabezas de lista de la formación al Congreso por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, en el que ha criticado duramente que los socialistas hayan confirmado su presencia en la Conferencia Internacional de Paz que se celebrará el próximo lunes en el Palacio de Aiete de San Sebastián, en la que se pretende aprobar resoluciones en las que se reclame a ETA su fin y al Gobierno que dé pasos en el proceso de pacificación y normalización.
Así, ha censurado que el PSE "vaya a una conferencia organizada por los amigos de los terroristas en la que se va a debatir que hay que terminar esta cuestión entre ETA y la democracia sin vencedores ni vencidos" y se ha preguntado "qué sociedad democrática puede tolerar sin castigar que el partido que gobierna España y el partido que gobierna Euskadi se abrace a la paz de ETA después de que llevamos decenas de años luchando para no aceptar la paz de (Francisco) Franco".
"¿Vienen ahora a decirnos que tenemos que aceptar la paz de ETA? No es posible", ha subrayado la dirigente de UPyD, que ha agregado que si ellos (los responsables del Gobierno Vasco) no son decentes, los ciudadanos tenemos que obligarles a que sean decentes" y en su mano está "echarles y castigarles por no respetarnos a todos nosotros y por no respetar la memoria de todas las víctimas del terrorismo".
En este sentido, ha señalado que los socialistas acudirán a la conferencia "aparte de porque son unos inmorales, porque los ciudadanos no les castigan en las urnas".
Además, ha preguntado "qué sociedad puede aceptar que le digan una parte de los que están en las instituciones que organizan esa conferencia de claudicación que hay que subvencionar a los que nos han querido quitar la vida y la libertad, que hay que pagarles pensiones, que hay que tratarles como iguales, que hay que reconocerles como parte de nosotros".
Díez ha destacado que con el paso de los años se han ido dando pasos en favor de la libertad en Euskadi desde la época en la que las opciones eran "resignarse, marcharse o no alzar la voz", aunque, según ha recalcado, "hay quien nos ha traicionado al final del camino".
Díez se ha pronunciado así en un acto de partido celebrado en Valencia junto a los cabezas de lista de la formación al Congreso por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, en el que ha criticado duramente que los socialistas hayan confirmado su presencia en la Conferencia Internacional de Paz que se celebrará el próximo lunes en el Palacio de Aiete de San Sebastián, en la que se pretende aprobar resoluciones en las que se reclame a ETA su fin y al Gobierno que dé pasos en el proceso de pacificación y normalización.
Así, ha censurado que el PSE "vaya a una conferencia organizada por los amigos de los terroristas en la que se va a debatir que hay que terminar esta cuestión entre ETA y la democracia sin vencedores ni vencidos" y se ha preguntado "qué sociedad democrática puede tolerar sin castigar que el partido que gobierna España y el partido que gobierna Euskadi se abrace a la paz de ETA después de que llevamos decenas de años luchando para no aceptar la paz de (Francisco) Franco".
"¿Vienen ahora a decirnos que tenemos que aceptar la paz de ETA? No es posible", ha subrayado la dirigente de UPyD, que ha agregado que si ellos (los responsables del Gobierno Vasco) no son decentes, los ciudadanos tenemos que obligarles a que sean decentes" y en su mano está "echarles y castigarles por no respetarnos a todos nosotros y por no respetar la memoria de todas las víctimas del terrorismo".
En este sentido, ha señalado que los socialistas acudirán a la conferencia "aparte de porque son unos inmorales, porque los ciudadanos no les castigan en las urnas".
Además, ha preguntado "qué sociedad puede aceptar que le digan una parte de los que están en las instituciones que organizan esa conferencia de claudicación que hay que subvencionar a los que nos han querido quitar la vida y la libertad, que hay que pagarles pensiones, que hay que tratarles como iguales, que hay que reconocerles como parte de nosotros".
Díez ha destacado que con el paso de los años se han ido dando pasos en favor de la libertad en Euskadi desde la época en la que las opciones eran "resignarse, marcharse o no alzar la voz", aunque, según ha recalcado, "hay quien nos ha traicionado al final del camino".
upyd pide mayor transparencia y menos gastos superfluos.
Madrid, 16 oct (EFE).- Una estructura de la administración regional más delgada, con la supresión de todos aquellos entes superfluos o con labores duplicadas, y una mayor publicidad de todas las acciones de los organismos públicos, son las exigencias de UPyD para ganar en austeridad y acabar con lo que llama "oscurantismo".
El Grupo Parlamentario de UPyD defenderá el próximo jueves en el Pleno de la Asamblea una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a adoptar una serie de medidas para ahorrar y ganar en transparencia hacia los ciudadanos.
UPyD justifica su iniciativa alegando que en el Gobierno de la Comunidad hay "duplicidades, redundancias y gastos innecesarios" que deben evaluarse y, en su caso, eliminarse.
"A pesar del discurso oficial y tras algunas reformas (la mayoría puramente cosméticas), sobreviven numerosas prácticas oscurantistas, intervencionistas, costosas e ineficientes, cuando no cercanas a la ilegalidad, así como organizaciones superfluas cuando no claramente duplicadas", sostiene la formación magenta.
Para acabar con esta situación, UPyD lleva a la Cámara autonómica medidas para impulsar la austeridad pero también para mejorar la transparencia de la administración.
Entre las primeras, sugiere eliminar entes duplicados, y pone como ejemplo la Agencia de Protección de Datos o el Tribunal de Defensa de la Competencia (ya que el Estado cuenta con estas mismas instituciones y la duplicidad dificulta un adecuado control), todos los Observatorios autonómicos y el segundo canal de la televisión regional.
Respecto a los entes, empresas, sociedades participadas o fundaciones públicas, insta a que se evalúen, se supriman aquellos que hagan funciones redundantes y se presente anualmente un informe de gestión.
Los directivos de estos entes han de ser elegidos por un procedimiento público y transparente, en el que se hagan públicos sus currículum (para demostrar que acceden al cargo por profesionalidad y no por proximidad al Gobierno regional) y sus retribuciones.
También afectarían las supresiones a la propia estructura administrativa de la Comunidad, ya que sostiene que se deberían simplificar sus niveles y eliminar órganos o consejos asesores que sobren en cada Consejería.
Y tampoco escapan a la propuesta de UPyD los contratados eventuales, ya que sólo deberán mantenerse aquellos estrictamente necesarios, siempre que un empleado público de otra naturaleza no pueda realizar la misma función.
Coches oficiales -sólo para la Presidencia y un parque móvil común para el resto- y recortes de gasto de publicidad son otras de las propuestas para ganar en austeridad.
Por lo que respecta a la transparencia, UPyD quiere, en primer lugar, que los presupuestos de la Comunidad -que ya son públicos- se den a conocer "de forma inteligible", y que si hay desviaciones entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado, se expliquen convenientemente las razones.
Junto a esta petición, el grupo parlamentario solicita que en internet se publiquen todas las subvenciones a personas físicas o jurídicas que haya concedido la Comunidad o sus organismos públicos. EFE
El Grupo Parlamentario de UPyD defenderá el próximo jueves en el Pleno de la Asamblea una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a adoptar una serie de medidas para ahorrar y ganar en transparencia hacia los ciudadanos.
UPyD justifica su iniciativa alegando que en el Gobierno de la Comunidad hay "duplicidades, redundancias y gastos innecesarios" que deben evaluarse y, en su caso, eliminarse.
"A pesar del discurso oficial y tras algunas reformas (la mayoría puramente cosméticas), sobreviven numerosas prácticas oscurantistas, intervencionistas, costosas e ineficientes, cuando no cercanas a la ilegalidad, así como organizaciones superfluas cuando no claramente duplicadas", sostiene la formación magenta.
Para acabar con esta situación, UPyD lleva a la Cámara autonómica medidas para impulsar la austeridad pero también para mejorar la transparencia de la administración.
Entre las primeras, sugiere eliminar entes duplicados, y pone como ejemplo la Agencia de Protección de Datos o el Tribunal de Defensa de la Competencia (ya que el Estado cuenta con estas mismas instituciones y la duplicidad dificulta un adecuado control), todos los Observatorios autonómicos y el segundo canal de la televisión regional.
Respecto a los entes, empresas, sociedades participadas o fundaciones públicas, insta a que se evalúen, se supriman aquellos que hagan funciones redundantes y se presente anualmente un informe de gestión.
Los directivos de estos entes han de ser elegidos por un procedimiento público y transparente, en el que se hagan públicos sus currículum (para demostrar que acceden al cargo por profesionalidad y no por proximidad al Gobierno regional) y sus retribuciones.
También afectarían las supresiones a la propia estructura administrativa de la Comunidad, ya que sostiene que se deberían simplificar sus niveles y eliminar órganos o consejos asesores que sobren en cada Consejería.
Y tampoco escapan a la propuesta de UPyD los contratados eventuales, ya que sólo deberán mantenerse aquellos estrictamente necesarios, siempre que un empleado público de otra naturaleza no pueda realizar la misma función.
Coches oficiales -sólo para la Presidencia y un parque móvil común para el resto- y recortes de gasto de publicidad son otras de las propuestas para ganar en austeridad.
Por lo que respecta a la transparencia, UPyD quiere, en primer lugar, que los presupuestos de la Comunidad -que ya son públicos- se den a conocer "de forma inteligible", y que si hay desviaciones entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado, se expliquen convenientemente las razones.
Junto a esta petición, el grupo parlamentario solicita que en internet se publiquen todas las subvenciones a personas físicas o jurídicas que haya concedido la Comunidad o sus organismos públicos. EFE
martes, 20 de septiembre de 2011
Y sigue el derroche y el despilfaro
Javier Chicote.- 20/09/2011 (06:00h)
Mañana miércoles concluye el plazo de presentación de las ofertas para el contrato con el que la Cámara de Cuentas renovará los ocho coches oficiales del presidente, el vicepresidente, los cinco consejeros y la secretaria general de la institución. El organismo madrileño, dependiente de la Asamblea, ha valorado el contrato en 471.380 euros, casi 60.000 por coche en régimen de alquiler, el conocido leasing. La Cámara podrá devolver los coches a los cuatro años del contrato principal (2012-2016, 327.873 euros) o prorrogarlo dos años más (hasta 2018) a cambio de otros 143.507 euros.
Todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid acordaron el pasado julio recortar en un diez por ciento la asignación que reciben para sus gastos. Fuentes oficiales de la Cámara de Cuentas aseguran a El Confidencial que pretenden recortar “un mínimo de un 20 por ciento” en el contrato de los coches oficiales respecto al coste del contrato actual, pero en ningún caso se plantean eliminar o reducir ese servicio –y sus respectivos chóferes, cuyos sueldos van aparte- “porque es un gasto aprobado por la Asamblea”. La Cámara de Cuentas, el órgano de fiscalización y control del sector público de la Comunidad de Madrid, tiene ocho millones de euros de presupuesto para 2011, uno menos que en 2010. A pregunta de este diario, tanto la Asamblea como la Cámara de Cuentas se han negado a desglosar el sueldo de los miembros del Consejo.
Coches de 30.000 euros alquilados a 60.000
Según el pliego de prescripciones técnicas, los coches que se van a contratar son siete berlinas diesel de 170 caballos y una de 140. Uno de los vehículos, el destinado al presidente, Manuel Jesús González, que actualmente está de baja por enfermedad, debe tener cambio automático y tracción total, además de una serie de extras que comparte con los otros seis coches de esa potencia: detector de fatiga del conductor, llantas de aleación de diecisiete pulgadas, sensores de lluvia y de presión de neumáticos, control de tracción y faros bixenon, entre otros. El precio de mercado de ocho coches de esas características es de unos 260.000 euros. La Cámara de Cuentas va a gastar casi el doble en alquilarlos, aunque el precio incluye las revisiones mecánicas y el seguro. Según el pliego, el precio de alquiler mensual de cada coche ronda los 800 euros, IVA incluido. Si agotan los cuatro años de contrato y los dos de prórroga, la Cámara habrá pagado por cada vehículo cuando lo devuelva unos 60.000 euros, casi el doble de su coste en el concesionario. Además, el coste de los dispositivos de seguridad no está incluido en el contrato, sino que correrá a cargo de la Cámara, es decir, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
UPyD registró en la Asamblea el pasado mes una pregunta por escrito al presidente de la Cámara de Cuentas para saber si ese gasto en vehículos es necesario para el ejercicio de sus funciones y cuál era el uso de los coches. Todavía no han recibido respuesta, aunque, como decíamos antes, el uso es trasladar a los ocho miembros del Consejo de la Cámara, según ha podido saber El Confidencial, portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea, considera, en declaraciones a este diario, que “en un momento de crisis, en lugar de dejar el servicio en dos coches, por ejemplo, mantienen los ocho, que es a todas luces un despropósito en un organismo con apenas cien empleados”. Marcos insiste en que “se puede renunciar al coche oficial y seguir trabajando con normalidad”. UPyD registró ayer otra pregunta para saber cuál es el número total de chóferes y su relación contractual, principalmente el coste de sus sueldos.
Mañana miércoles concluye el plazo de presentación de las ofertas para el contrato con el que la Cámara de Cuentas renovará los ocho coches oficiales del presidente, el vicepresidente, los cinco consejeros y la secretaria general de la institución. El organismo madrileño, dependiente de la Asamblea, ha valorado el contrato en 471.380 euros, casi 60.000 por coche en régimen de alquiler, el conocido leasing. La Cámara podrá devolver los coches a los cuatro años del contrato principal (2012-2016, 327.873 euros) o prorrogarlo dos años más (hasta 2018) a cambio de otros 143.507 euros.
Todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid acordaron el pasado julio recortar en un diez por ciento la asignación que reciben para sus gastos. Fuentes oficiales de la Cámara de Cuentas aseguran a El Confidencial que pretenden recortar “un mínimo de un 20 por ciento” en el contrato de los coches oficiales respecto al coste del contrato actual, pero en ningún caso se plantean eliminar o reducir ese servicio –y sus respectivos chóferes, cuyos sueldos van aparte- “porque es un gasto aprobado por la Asamblea”. La Cámara de Cuentas, el órgano de fiscalización y control del sector público de la Comunidad de Madrid, tiene ocho millones de euros de presupuesto para 2011, uno menos que en 2010. A pregunta de este diario, tanto la Asamblea como la Cámara de Cuentas se han negado a desglosar el sueldo de los miembros del Consejo.
Coches de 30.000 euros alquilados a 60.000
Según el pliego de prescripciones técnicas, los coches que se van a contratar son siete berlinas diesel de 170 caballos y una de 140. Uno de los vehículos, el destinado al presidente, Manuel Jesús González, que actualmente está de baja por enfermedad, debe tener cambio automático y tracción total, además de una serie de extras que comparte con los otros seis coches de esa potencia: detector de fatiga del conductor, llantas de aleación de diecisiete pulgadas, sensores de lluvia y de presión de neumáticos, control de tracción y faros bixenon, entre otros. El precio de mercado de ocho coches de esas características es de unos 260.000 euros. La Cámara de Cuentas va a gastar casi el doble en alquilarlos, aunque el precio incluye las revisiones mecánicas y el seguro. Según el pliego, el precio de alquiler mensual de cada coche ronda los 800 euros, IVA incluido. Si agotan los cuatro años de contrato y los dos de prórroga, la Cámara habrá pagado por cada vehículo cuando lo devuelva unos 60.000 euros, casi el doble de su coste en el concesionario. Además, el coste de los dispositivos de seguridad no está incluido en el contrato, sino que correrá a cargo de la Cámara, es decir, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
UPyD registró en la Asamblea el pasado mes una pregunta por escrito al presidente de la Cámara de Cuentas para saber si ese gasto en vehículos es necesario para el ejercicio de sus funciones y cuál era el uso de los coches. Todavía no han recibido respuesta, aunque, como decíamos antes, el uso es trasladar a los ocho miembros del Consejo de la Cámara, según ha podido saber El Confidencial, portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea, considera, en declaraciones a este diario, que “en un momento de crisis, en lugar de dejar el servicio en dos coches, por ejemplo, mantienen los ocho, que es a todas luces un despropósito en un organismo con apenas cien empleados”. Marcos insiste en que “se puede renunciar al coche oficial y seguir trabajando con normalidad”. UPyD registró ayer otra pregunta para saber cuál es el número total de chóferes y su relación contractual, principalmente el coste de sus sueldos.
lunes, 19 de septiembre de 2011
Martin de la Herrán Candidato a la presidencia de la junta de Andalucia pot Upyd
, Martín de la Herrán, será también el de todos los andaluces de la agrupación. El abogado fue elegido ayer candidato por su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía en la cita con las urnas de la próxima primavera.
Pocos minutos después de saber el resultado de las primarias en la comunidad autónoma, De la Herrán no podía hacer otra cosa en la sede de la agrupación local que jerezana que dar las gracias por el apoyo recibido -en torno al 42% de los votos- y por las felicitaciones que le llegaban de todos los rincones del territorio andaluz. Estoy muy ilusionado», dijo, consciente también de que «queda mucho trabajo por delante».
De la Herrán fue también el candidato a la Alcaldía de Jerez en las municipales del 22 de mayo pero la agrupación no alcanzó representación en el Consistorio. Entre sus rivales en las primarias de ayer destaca Mayte Olalla, que consiguió un concejal en el Ayuntamiento de Granada en la pasada cita electoral.
De esta forma, Jerez tendrá dos representantes en las elecciones autonómicas: Martín de la Herrán por UPyD y el exalcalde Pedro Pacheco por Foro Ciudadano.
Abogado y político
Fundador como socio del bufete Abolex Abogados, donde concentra su actividad profesional, Martín de la Herrán se dio a conocer como candidato de UPyD en las municipales de Jerez, si bien su proyección se ha visto aumentada a raíz de que se haya hecho cargo de la defensa de la asociación «SOS Bebés Robados de Cádiz».
No fue hasta el año 2008 cuando entró en contacto con Unión Progreso y Democracia. Una vez que se afilió, ha dedicado buena parte de su tiempo a esta nueva faceta política. De hecho ha sido su trabajo en la formación lo que le ha permitido entrar en contacto con el asunto de los bebés robados en la provincia, a través de una vecina afectada.
Fue el pasado 18 de diciembre de 2010 cuando fue elegido, en un proceso de primarias, candidato por UPyD a la Alcaldía jerezana. Su campaña electoral recabó apoyos en distintos sectores de la sociedad y consiguió que los jerezanos identificaran el partido con un nuevo rostro a nivel local y no solo con Rosa Díez en el ámbito nacional.
Pocos minutos después de saber el resultado de las primarias en la comunidad autónoma, De la Herrán no podía hacer otra cosa en la sede de la agrupación local que jerezana que dar las gracias por el apoyo recibido -en torno al 42% de los votos- y por las felicitaciones que le llegaban de todos los rincones del territorio andaluz. Estoy muy ilusionado», dijo, consciente también de que «queda mucho trabajo por delante».
De la Herrán fue también el candidato a la Alcaldía de Jerez en las municipales del 22 de mayo pero la agrupación no alcanzó representación en el Consistorio. Entre sus rivales en las primarias de ayer destaca Mayte Olalla, que consiguió un concejal en el Ayuntamiento de Granada en la pasada cita electoral.
De esta forma, Jerez tendrá dos representantes en las elecciones autonómicas: Martín de la Herrán por UPyD y el exalcalde Pedro Pacheco por Foro Ciudadano.
Abogado y político
Fundador como socio del bufete Abolex Abogados, donde concentra su actividad profesional, Martín de la Herrán se dio a conocer como candidato de UPyD en las municipales de Jerez, si bien su proyección se ha visto aumentada a raíz de que se haya hecho cargo de la defensa de la asociación «SOS Bebés Robados de Cádiz».
No fue hasta el año 2008 cuando entró en contacto con Unión Progreso y Democracia. Una vez que se afilió, ha dedicado buena parte de su tiempo a esta nueva faceta política. De hecho ha sido su trabajo en la formación lo que le ha permitido entrar en contacto con el asunto de los bebés robados en la provincia, a través de una vecina afectada.
Fue el pasado 18 de diciembre de 2010 cuando fue elegido, en un proceso de primarias, candidato por UPyD a la Alcaldía jerezana. Su campaña electoral recabó apoyos en distintos sectores de la sociedad y consiguió que los jerezanos identificaran el partido con un nuevo rostro a nivel local y no solo con Rosa Díez en el ámbito nacional.
jueves, 8 de septiembre de 2011
El imposible Referendum de los 35. Segun Jose Oneto
Rosa Díez no renuncia y, sigue buscando a 35 ciudadanos que en el Congreso de los Diputados o en el Senado (aquí, menos), desobedezcan las consignas de sus partidos, ejerzan de ciudadanos libres y, se sumen a la petición de convocatoria de un Referéndum para la reforma de la Constitución de 1978, cuya último acto se desarrolla este miércoles en el Senado.
La dirigente de UPyD (Unión Progreso y Democracia), que durante estas semanas ha venido exigiendo la instalación de una tercera urna para que el próximo 20 de noviembre, el día de las elecciones generales, la ciudadanía pueda expresarse libremente sobre la primera reforma importante de la Constitución en treinta y dos años, rompiendo el secuestro que de la interpretación de la constitución han hecho, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, hurtando el debate y rechazando las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, y exigiendo, sobre todo, el correspondiente Referéndum.
De poco ha servido la insistencia de Rosa Díez, ante el bloqueo provocado por los dos más importantes partidos políticos, que, sorprendentemente, en la reforma constitucional ha sido en el único tema en el que se han puesto de acuerdo, precisamente en una legislatura que termina en la mayor crisis económica que ha conocido este país en todo el periodo democrático.
Crisis económica y social a la que han contribuido tanto populares que, en ningún momento, han querido prestar la mínima colaboración al Gobierno, como socialistas que han gobernado pensando más en el sectarismo que en unos imprescindibles Pactos de la Moncloa a los que nunca han querido llegar con el argumento de que son muchas las diferencias ideológicas que les separan, sin que esas diferencias hayan afectado, para nada, al acuerdo de reforma constitucional sobre el equilibrio presupuestario.
En principio, hoy miércoles se cierra en el Senado el procedimiento de reforma Constitucional después de dos semanas de tensiones entre los dos más importantes partidos políticos del país (socialista y popular), impulsores y artífices de la reforma y, el resto de las fuerzas políticas.
Durante estas dos semanas se ha roto el consenso constitucional especialmente con Convergencia i Unió, una de las fuerzas políticas que dio credibilidad, junto con el Partido Comunista (integrado hoy en Izquierda Unida) al proyecto constitucional, las minorías han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados en la última votación de enmiendas, y se han pronunciado en contra de la reforma UPyD y Coalición Canaria.
De esta forma con solo los votos del Partido Popular, PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN) la reforma pasa al Senado seriamente tocada, con el desencanto de un sector muy importante del Parlamento y con la oposición, también, de diversos sectores sociales que van desde los indignados del 15-M, hasta las dos más importantes centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, así como numerosos colectivos integrados en Juventud sin futuro, en “Democracia Real, Ya”, y en ONGs que consideran que se ha metido, de pronto, y a la fuerza, la ideología en la Constitución, algo que, gracias al consenso se evitó, cuidadosamente, hace más de treinta y dos años.
Por eso, tal como está la política nacional, la búsqueda de esos 35 ciudadanos para que, en conciencia exijan un Referéndum, como quiere Rosa Díez, resulta una labor casi heroica.
La dirigente de UPyD (Unión Progreso y Democracia), que durante estas semanas ha venido exigiendo la instalación de una tercera urna para que el próximo 20 de noviembre, el día de las elecciones generales, la ciudadanía pueda expresarse libremente sobre la primera reforma importante de la Constitución en treinta y dos años, rompiendo el secuestro que de la interpretación de la constitución han hecho, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, hurtando el debate y rechazando las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, y exigiendo, sobre todo, el correspondiente Referéndum.
De poco ha servido la insistencia de Rosa Díez, ante el bloqueo provocado por los dos más importantes partidos políticos, que, sorprendentemente, en la reforma constitucional ha sido en el único tema en el que se han puesto de acuerdo, precisamente en una legislatura que termina en la mayor crisis económica que ha conocido este país en todo el periodo democrático.
Crisis económica y social a la que han contribuido tanto populares que, en ningún momento, han querido prestar la mínima colaboración al Gobierno, como socialistas que han gobernado pensando más en el sectarismo que en unos imprescindibles Pactos de la Moncloa a los que nunca han querido llegar con el argumento de que son muchas las diferencias ideológicas que les separan, sin que esas diferencias hayan afectado, para nada, al acuerdo de reforma constitucional sobre el equilibrio presupuestario.
En principio, hoy miércoles se cierra en el Senado el procedimiento de reforma Constitucional después de dos semanas de tensiones entre los dos más importantes partidos políticos del país (socialista y popular), impulsores y artífices de la reforma y, el resto de las fuerzas políticas.
Durante estas dos semanas se ha roto el consenso constitucional especialmente con Convergencia i Unió, una de las fuerzas políticas que dio credibilidad, junto con el Partido Comunista (integrado hoy en Izquierda Unida) al proyecto constitucional, las minorías han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados en la última votación de enmiendas, y se han pronunciado en contra de la reforma UPyD y Coalición Canaria.
De esta forma con solo los votos del Partido Popular, PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN) la reforma pasa al Senado seriamente tocada, con el desencanto de un sector muy importante del Parlamento y con la oposición, también, de diversos sectores sociales que van desde los indignados del 15-M, hasta las dos más importantes centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, así como numerosos colectivos integrados en Juventud sin futuro, en “Democracia Real, Ya”, y en ONGs que consideran que se ha metido, de pronto, y a la fuerza, la ideología en la Constitución, algo que, gracias al consenso se evitó, cuidadosamente, hace más de treinta y dos años.
Por eso, tal como está la política nacional, la búsqueda de esos 35 ciudadanos para que, en conciencia exijan un Referéndum, como quiere Rosa Díez, resulta una labor casi heroica.
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