toque de silbato, o sea, de movilización por las redes sociales, un millar de indignados fueron el miércoles hasta las puertas del Congreso de los Diputados. No es fácil de congregar a un millar de personas, a pesar de que muchos relativicen a este movimiento, para protestar contra la reforma laboral. Ayer se concentraron ante las Cortes Valencianas y hubo heridos de gravedad. Sin embargo, todavía hay gente que reduce el asunto a poco menos que nada. Se equivocan. Esto va para largo. Y, por supuesto, continuamente estará en el límite con la violencia.
Por otro lado, es natural que el movimiento derive en violencia y enfrentamientos; pues que no se conoce en la historia de la civilización un grupo de individuos que trate de funcionar al margen de la sociedad real sin que ello derive en violencia. Eso es exactamente lo que han hecho los acampados en la Puerta del Sol: ellos han funcionado, y así lo han reflejado todos los comentaristas del mundo, en una plaza pública como una "sociedad" al margen de la sociedad... El enfrentamiento entre dos tipos de sociedades tan diferentes es inevitable.
Pero, independientemente de que nos guste más o menos la evolución de este movimiento social, sin duda alguna surgido de asociaciones de todo tipo vinculadas a la izquierda y a la extrema izquierda política, es menester reconocer su existencia. Hacerle menosprecio, ridiculizarlo y, sobre todo, no enfrentarlo con medios analíticos es la mejor manera de que nos pase factura. Es evidente que hay dos maneras de hacerse cargo del asunto: por un lado, están los medios de la izquierda que dan una gran importancia al movimiento del 15-M; y, por otro lado, encontramos a los de la derecha que lo relativizan.
Hacen mal unos y otros; los primeros, porque no quieren reconocer la instrumentalización y aliento que les da el ministro del Interior; los segundos, porque le dan a Pérez Rubalcaba todo el protagonismo del 15-M. Se equivocan todos. Es obvio que Pérez Rubalcaba hace uso, instrumentaliza y alienta el movimiento. Forma parte de su trabajo, sobre todo, después del 22-M. Es su modo normal de hacer política en la Oposición. Agitando masas. Pérez Rubalcaba se prepara para la nueva etapa que viene a España. Repito las preguntas formuladas en otro contexto: ¿Por qué el PSOE tendría que reprimir el movimiento del 15-M ahora, precisamente, cuando el PP ha conseguido un poder inmenso en casi todas las Autonomías y Ayuntamientos de España? ¿Por qué Pérez Rubalcaba tendría que ejercer la violencia contra quienes pueden darle votos? ¿Por qué Pérez Rubalcaba va a desalojar de los espacios públicos a un movimiento que surge de asociaciones de extrema izquierda con apoyo de millones de indignados contra el mal funcionamiento de la democracia en España?
El problema no es pues de Pérez Rubalcaba ni del PSOE. El problema es de Rajoy. Es uno de sus grandes problemas. Rajoy es ya un hombre muy poderoso, porque su partido tiene un inmenso poder en toda España, y él está llamado a ser el próximo presidente del Gobierno, pero todavía no se ha dignado a decir qué hacer, cómo resolver y, sobre todo, cómo encarar a ese movimiento "político". He ahí el verdadero problema. Rajoy no lo quiere encarar ahora, pero, por desgracia, acabará estallándole.
viernes, 10 de junio de 2011
Lo primero es moralizar la vida publica
La expresión “regeneración democrática” se ha puesto de moda y, como es natural, no todos la usamos con el mismo significado. En UPyD la usamos desde nuestro nacimiento, la usan muchos analistas y escritores –y el regeneracionismo es un viejo artefacto teórico de la democracia española desde al menos Joaquín Costa-, y lo han puesto de moda esta primavera iniciativas y movimientos como #nolesvotes, Democracia Real Ya y el variopinto (y decadente) movimiento de los Indignados acampados bajo el exagerado título de #spanishrevolution. Los que pedimos regeneración del sistema compartimos el diagnóstico básico, a saber, que el sistema democrático nacido en la Transición ha degenerado por muchas causas, pero no hay acuerdo en cuáles son éstas ni en cómo pueden atajarse. El amplio consenso sobre el que el bipartidismo inducido es un mal, la Ley Electoral injusta y la Justicia independiente sólo un deseo piadoso, se abre a continuación en un amplio abanico de propuestas alternativas. Unas, como las nuestras de UPyD, proponen medidas regeneradoras claramente institucionales: reformas parlamentarias de la Ley Electoral y de la Constitución para asegurar la separación de poderes, la autonomía de la justicia o leyes de transparencia y participación ciudadana. Otras, como las que se han oído en las asambleas de indignados, han derivado hacia políticas asamblearias fundamentalistas (eso es para mí el empeño en conseguir la unanimidad en una sociedad donde nada es unánime ni puede serlo) de orientación anarquista o consejista que han conseguido achicar al máximo el espacio social del movimiento hasta llevarlo a la parálisis y la marginalidad. Entre medio, los viejos partidos intentan ponerse al frente de la manifestación regeneracionista prometiendo reformas que han rechazado hasta ayer mismo, copiando descaradamente iniciativas de austeridad que exigen al rival mientras ignoran en sus taifas particulares, como sucede con las exigencias de transparencia de Rajoy a las comunidades que gobernaban los socialistas. ¿Pero cómo creer su buena disposición a quienes han fabricado este callejón sin salida?
Como es natural, esta profunda división desorienta a muchos ciudadanos interesados en qué se puede y debe hacer para solucionar la crisis política que amenaza con destruir todo lo que necesitamos para vivir con decencia, igualdad jurídica y libertad personal. Algo por otra parte inevitable cuando, como es el caso, asistimos a la que amenaza ser muy pronto una formidable crisis constitucional. La pregunta es más o menos esta: por dónde empezamos? Algo así como una versión reformista y cívica del revolucionario Qué hacer? que Lenin escribiera como guión del asalto al poder en Rusia.
Pues bien, en mi opinión lo que urge y lo primero es moralizar la vida pública. Entrar en las instituciones para hacer que actúen de acuerdo con los criterios de la ética pública de la democracia, que es algo bastante sencillo: respetar las leyes y hacerlas cumplir a todos, servir al interés general y no al particular ni partidario, rechazar cualquier corrupción y combatirla con medidas prácticas. Abrir las ventanas, los cajones y los armarios; levantar las alfombras y pasar la escoba; poner sobre la mesa lo que había estado tapado, desde el estado de las cuentas públicas al funcionamiento interno escamoteado al control de todos.
El entusiasmo que ha despertado una medida tan sencilla y de sentido común como el rechazo de los coches oficiales que corresponden a todos los concejales de Madrid –salvo entre sus antiguos beneficiarios, especialmente los de IU- por los cinco de UPyD es solo una muestra de lo extendida que está la urgencia por la moralización de la vida pública. Cuando se pide que se extingan los privilegios de los políticos la mayor parte de la gente reclama que desaparezcan los lujos injustificados –como esos coches oficiales con chófer y escolta que son más un signo de estatus que una medida de seguridad-, y también las zonas de sombra que ocultan al escrutinio público el verdadero funcionamiento de la maquinaria política y administrativa: la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a millones de personas. La vida pública se moraliza no mediante declaraciones altisonantes, sino con cargos públicos austeros que no buscan privilegios para sí ni para sus socios, mediante políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía y con instituciones eficaces que –al menos- resuelvan más problemas de los que crean y aporten más beneficios que costos.
Moralizar la vida pública no es sin embargo el objetivo de la política de regeneración democrática, sino un requisito para su puesta en marcha, el saque que inicia el partido. Su objetivo no es sólo dar buen ejemplo y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que también, sino devolver a las instituciones la legitimidad que han perdido por el mal uso que los viejos partidos han hecho de ellas. Esta legitimidad es indispensable para abordar el debate político que exige una reforma constitucional y para tener autoridad para enfrentar los grandes problemas que ya tenemos en casa: crisis económico-financiera, paro monstruoso (especialmente el juvenil) y desafíos nacionalistas al Estado común que la entrada de Bildu en las instituciones vascas y navarras van a reactivar inmediatamente echando más gasolina al fuego que consume el Estado.
La legitimidad que da la moralización de las instituciones es la convicción de que los cargos públicos no son un hato de corruptos o ineptos que están allí para medrar, sino ciudadanos como la mayoría, dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para resolver los asuntos que se les han encomendado. En definitiva, la seguridad de que, al igual que un bombero, un policía o un médico, un concejal o un diputado está trabajando para resolver los asuntos públicos del mejor modo que sepa. Ese es el clima de opinión indispensable para abordar con seriedad y garantías un debate sobre cómo resolver de una vez la estructura territorial del Estado, cómo acabar con la corrupción, cómo instaurar una justicia independiente o una ley electoral más justa. O la reforma laboral que urge para acabar con el mercado dual y el paro juvenil consecuente.
Conviene recordar que nuestras sociedades modernas son complejas, cambiantes y, en muchos aspectos, impredecibles. Pretender que todos quienes las componemos debemos ponernos de acuerdo en todo –al estilo de las acampadas de “indignados”- no solo es una quimera y una soberana tontería, sino un atentado contra la naturaleza misma de la democracia, entendida como un sistema político que incluye a personas de muy distintas ideas, creencias, expectativas e intereses, organizadas por eso mismo en distintos partidos políticos. Los problemas políticos que tenemos solo va a solucionarlos una política mejor y más democracia, no menos, pero para eso es indispensable que primero moralicemos las instituciones acabando con la corrupción, las malas prácticas, la opacidad, la ineficacia y, sobre todo, con su secuestro para ponerlas al servicio de intereses particulares. Se puede empezar renunciando a coches superfluos y con otras cien medidas inmediatas. Pero lo importante es empezar ya, y empezar haciendo política.
Como es natural, esta profunda división desorienta a muchos ciudadanos interesados en qué se puede y debe hacer para solucionar la crisis política que amenaza con destruir todo lo que necesitamos para vivir con decencia, igualdad jurídica y libertad personal. Algo por otra parte inevitable cuando, como es el caso, asistimos a la que amenaza ser muy pronto una formidable crisis constitucional. La pregunta es más o menos esta: por dónde empezamos? Algo así como una versión reformista y cívica del revolucionario Qué hacer? que Lenin escribiera como guión del asalto al poder en Rusia.
Pues bien, en mi opinión lo que urge y lo primero es moralizar la vida pública. Entrar en las instituciones para hacer que actúen de acuerdo con los criterios de la ética pública de la democracia, que es algo bastante sencillo: respetar las leyes y hacerlas cumplir a todos, servir al interés general y no al particular ni partidario, rechazar cualquier corrupción y combatirla con medidas prácticas. Abrir las ventanas, los cajones y los armarios; levantar las alfombras y pasar la escoba; poner sobre la mesa lo que había estado tapado, desde el estado de las cuentas públicas al funcionamiento interno escamoteado al control de todos.
El entusiasmo que ha despertado una medida tan sencilla y de sentido común como el rechazo de los coches oficiales que corresponden a todos los concejales de Madrid –salvo entre sus antiguos beneficiarios, especialmente los de IU- por los cinco de UPyD es solo una muestra de lo extendida que está la urgencia por la moralización de la vida pública. Cuando se pide que se extingan los privilegios de los políticos la mayor parte de la gente reclama que desaparezcan los lujos injustificados –como esos coches oficiales con chófer y escolta que son más un signo de estatus que una medida de seguridad-, y también las zonas de sombra que ocultan al escrutinio público el verdadero funcionamiento de la maquinaria política y administrativa: la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a millones de personas. La vida pública se moraliza no mediante declaraciones altisonantes, sino con cargos públicos austeros que no buscan privilegios para sí ni para sus socios, mediante políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía y con instituciones eficaces que –al menos- resuelvan más problemas de los que crean y aporten más beneficios que costos.
Moralizar la vida pública no es sin embargo el objetivo de la política de regeneración democrática, sino un requisito para su puesta en marcha, el saque que inicia el partido. Su objetivo no es sólo dar buen ejemplo y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que también, sino devolver a las instituciones la legitimidad que han perdido por el mal uso que los viejos partidos han hecho de ellas. Esta legitimidad es indispensable para abordar el debate político que exige una reforma constitucional y para tener autoridad para enfrentar los grandes problemas que ya tenemos en casa: crisis económico-financiera, paro monstruoso (especialmente el juvenil) y desafíos nacionalistas al Estado común que la entrada de Bildu en las instituciones vascas y navarras van a reactivar inmediatamente echando más gasolina al fuego que consume el Estado.
La legitimidad que da la moralización de las instituciones es la convicción de que los cargos públicos no son un hato de corruptos o ineptos que están allí para medrar, sino ciudadanos como la mayoría, dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para resolver los asuntos que se les han encomendado. En definitiva, la seguridad de que, al igual que un bombero, un policía o un médico, un concejal o un diputado está trabajando para resolver los asuntos públicos del mejor modo que sepa. Ese es el clima de opinión indispensable para abordar con seriedad y garantías un debate sobre cómo resolver de una vez la estructura territorial del Estado, cómo acabar con la corrupción, cómo instaurar una justicia independiente o una ley electoral más justa. O la reforma laboral que urge para acabar con el mercado dual y el paro juvenil consecuente.
Conviene recordar que nuestras sociedades modernas son complejas, cambiantes y, en muchos aspectos, impredecibles. Pretender que todos quienes las componemos debemos ponernos de acuerdo en todo –al estilo de las acampadas de “indignados”- no solo es una quimera y una soberana tontería, sino un atentado contra la naturaleza misma de la democracia, entendida como un sistema político que incluye a personas de muy distintas ideas, creencias, expectativas e intereses, organizadas por eso mismo en distintos partidos políticos. Los problemas políticos que tenemos solo va a solucionarlos una política mejor y más democracia, no menos, pero para eso es indispensable que primero moralicemos las instituciones acabando con la corrupción, las malas prácticas, la opacidad, la ineficacia y, sobre todo, con su secuestro para ponerlas al servicio de intereses particulares. Se puede empezar renunciando a coches superfluos y con otras cien medidas inmediatas. Pero lo importante es empezar ya, y empezar haciendo política.
Los politicos Islandeses al banquillo
José Antonio Zarzalejos - 08/06/2011
Aunque los medios convencionales interpretan en tono menor el juicio al que va ser sometido por dejación de funciones y negligencia el ex primer ministro de Islandia, Geer H. Haarde, la noticia es de una gran importancia. El político islandés propició la quiebra de su país porque desoyó, según el fiscal, las advertencias sobre el derrumbamiento de la solvencia de los bancos islandeses y el colapso de su economía. Hasta el momento, la gestión política de la crisis, haya sido regular o mala, no ha sentado en el banquillo a ningún político. Pese a que en muchos casos mintieron -como en Grecia-, en otros ocultaron -como en Portugal- y, en algunos -como en Irlanda- retrasaron las medidas necesarias. Los tres países han sido rescatados. Y en Irlanda y Portugal se han producido recentísimos vuelcos electorales.
Los políticos creen que las responsabilidades por su gestión se saldan con el veredicto de las urnas. No siempre debería ser así. El caso islandés abre el camino para que cuando se pueda deducir fehacientemente la existencia de conductas temerarias en el gasto público -es decir, gravemente negligentes- se pase de la responsabilidad política a la penal. O se abre una nueva etapa en la exigencia de la sociedad hacia sus políticos -casi siempre impunes por sus errores- o estamos condenados a que el Antiguo Régimen, previo a la crisis, continúe después de ella. Sólo con la espada de Damocles de la responsabilidad criminal por imprudencia temeraria los gestores públicos acentuarán su instinto de conservación y serán comedidos y administradores escrupulosos.
La situación en España responde, en una medida difícil de determinar, al sobreseimiento gubernamental, primero, en reconocer la crisis, y, después, en adoptar medidas. Para Rodríguez Zapatero, durante 2008 y buena parte de 2009 la crisis era una mera desaceleración y, sólo en 2010, tomó medidas, cuando las instancias internacionales le mostraron el precipicio al que España se asomaba peligrosamente.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable, pero no imposible
La decisión que adoptó el Gobierno socialista de suprimir el techo de gasto de las comunidades autónomas se está revelando como otro de sus grandes y graves errores.El informe del lunes pasado de la agencia Moody´s en el que se asegura que el Estado carece de recursos para imponerse a las autonomías y que el déficit de alguna de éstas podrían frustrar cualquier esfuerzo general para enderezar las cuentas públicas españolas, es la prueba definitiva de la lenidad, gravísima, con la que ha actuado el Gobierno de Zapatero.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable (¿con esta fiscalía general del Estado?), pero no imposible. Aquellos que engañan sobre las cifras de déficit -y lo hagan a sabiendas del embuste que perpetran-; aquellos que destruyen documentos que probarían su imprudencia en iniciativas despilfarradoras e innecesarias; aquellos que han apoyado -comprometiendo bien a la hacienda autonómica bien a las cajas de sus comunidades- decisiones sobre infraestructuras a mayor gloria de su propia vanidad y que quedan como monumentos a su irresponsabilidad, bien podrían ser acusados por temeridad o dolo eventual de algunos de los delitos que tienen que ver con la administración de los recursos comunes.
El futuro de la política no es la confortabilidad en el poder sino la máxima exigencia en el cuidado en el gasto de los dineros de los ciudadanos. La sanción a aquellos que yerren temerariamente en la administración de los recursos públicos no puede ser ya su mero relevo: deben responder penalmente como va a hacerlo de inmediato el ex primer ministro islandés. Aviso a navegantes en estos días en que podría ponerse encima de la mesacifras y datos que agraven la situación española hasta límites que quizás, en este momento, no somos capaces de sospechar.
No estamos hablando, sólo, de la letal morosidad de la Administración; no nos estamos refiriendo a gastos consuntivos concretos: lo estamos haciendo a iniciativas consumadas que han llevado a la ruina a determinadas autonomías y que están arrastrando la viabilidad del Estado en su actual conformación. Estamos hablando, en consecuencia, de una temeridad delictiva, punible. Más o menos como la que seguramente contrajo en Islandia Geer H. Haarde. LeanMeltdownIceland (Islandia fundida) de Roger Boyes y les asaltarán evocaciones nacionales
Aunque los medios convencionales interpretan en tono menor el juicio al que va ser sometido por dejación de funciones y negligencia el ex primer ministro de Islandia, Geer H. Haarde, la noticia es de una gran importancia. El político islandés propició la quiebra de su país porque desoyó, según el fiscal, las advertencias sobre el derrumbamiento de la solvencia de los bancos islandeses y el colapso de su economía. Hasta el momento, la gestión política de la crisis, haya sido regular o mala, no ha sentado en el banquillo a ningún político. Pese a que en muchos casos mintieron -como en Grecia-, en otros ocultaron -como en Portugal- y, en algunos -como en Irlanda- retrasaron las medidas necesarias. Los tres países han sido rescatados. Y en Irlanda y Portugal se han producido recentísimos vuelcos electorales.
Los políticos creen que las responsabilidades por su gestión se saldan con el veredicto de las urnas. No siempre debería ser así. El caso islandés abre el camino para que cuando se pueda deducir fehacientemente la existencia de conductas temerarias en el gasto público -es decir, gravemente negligentes- se pase de la responsabilidad política a la penal. O se abre una nueva etapa en la exigencia de la sociedad hacia sus políticos -casi siempre impunes por sus errores- o estamos condenados a que el Antiguo Régimen, previo a la crisis, continúe después de ella. Sólo con la espada de Damocles de la responsabilidad criminal por imprudencia temeraria los gestores públicos acentuarán su instinto de conservación y serán comedidos y administradores escrupulosos.
La situación en España responde, en una medida difícil de determinar, al sobreseimiento gubernamental, primero, en reconocer la crisis, y, después, en adoptar medidas. Para Rodríguez Zapatero, durante 2008 y buena parte de 2009 la crisis era una mera desaceleración y, sólo en 2010, tomó medidas, cuando las instancias internacionales le mostraron el precipicio al que España se asomaba peligrosamente.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable, pero no imposible
La decisión que adoptó el Gobierno socialista de suprimir el techo de gasto de las comunidades autónomas se está revelando como otro de sus grandes y graves errores.El informe del lunes pasado de la agencia Moody´s en el que se asegura que el Estado carece de recursos para imponerse a las autonomías y que el déficit de alguna de éstas podrían frustrar cualquier esfuerzo general para enderezar las cuentas públicas españolas, es la prueba definitiva de la lenidad, gravísima, con la que ha actuado el Gobierno de Zapatero.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable (¿con esta fiscalía general del Estado?), pero no imposible. Aquellos que engañan sobre las cifras de déficit -y lo hagan a sabiendas del embuste que perpetran-; aquellos que destruyen documentos que probarían su imprudencia en iniciativas despilfarradoras e innecesarias; aquellos que han apoyado -comprometiendo bien a la hacienda autonómica bien a las cajas de sus comunidades- decisiones sobre infraestructuras a mayor gloria de su propia vanidad y que quedan como monumentos a su irresponsabilidad, bien podrían ser acusados por temeridad o dolo eventual de algunos de los delitos que tienen que ver con la administración de los recursos comunes.
El futuro de la política no es la confortabilidad en el poder sino la máxima exigencia en el cuidado en el gasto de los dineros de los ciudadanos. La sanción a aquellos que yerren temerariamente en la administración de los recursos públicos no puede ser ya su mero relevo: deben responder penalmente como va a hacerlo de inmediato el ex primer ministro islandés. Aviso a navegantes en estos días en que podría ponerse encima de la mesacifras y datos que agraven la situación española hasta límites que quizás, en este momento, no somos capaces de sospechar.
No estamos hablando, sólo, de la letal morosidad de la Administración; no nos estamos refiriendo a gastos consuntivos concretos: lo estamos haciendo a iniciativas consumadas que han llevado a la ruina a determinadas autonomías y que están arrastrando la viabilidad del Estado en su actual conformación. Estamos hablando, en consecuencia, de una temeridad delictiva, punible. Más o menos como la que seguramente contrajo en Islandia Geer H. Haarde. LeanMeltdownIceland (Islandia fundida) de Roger Boyes y les asaltarán evocaciones nacionales
Frases de un iluninao
1º. "No son parados, son personas que se han apuntado al paro".
2º. "Lo de que hay crisis es opinable".
3º. "Mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro".
4º. "Hoy estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor que hoy"
5º. "Estamos en la Champions League de la economía".
6º. "La crisis de las hipotecas subprime no afectara a España, eso es cosa de EEUU".
7º. "Haré del parlamento el centro de la política nacional".
8º. "España tiene el mejor sistema financiero de la comunidad internacional".
9º. "Necesitamos que nuestros hijos reciban una buena educación para la ciudadanía para que vean el mundo en colores".
10º. "UGT, necesito vuestro apoyo y vuestro cariño".
11º. "Somos la 8ª potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con Italia".
12º. "La derecha reaccionaria nos ha llevado al capitalismo salvaje".
13º. "España ha vuelto al corazón de Europa".
14º. "Estoy muy de acuerdo en multar a los establecimientos que no rotulen en catalán".
15º. "El cambio climático causa más muertes que el terrorismo internacional".
16º. "El cambio climático es una de las causas de la recesión".
17º. "EEUU sumió al mundo en la crisis y la Unión Europea le sacará de ella."
18º. "La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama"
19º. "La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo".
20º. "La crisis es una falacia, puro catastrofismo."
21º. "La vuelta al crecimiento económico es inminente"
22º. "España no se rompe, está más unida que nunca"
23º. "España está a punto de salir de la crisis, si no lo ha hecho ya"
24º. "La Tierra no es de nadie, pertenece... al Viento" (aquí ya iba muy pasao...)
2º. "Lo de que hay crisis es opinable".
3º. "Mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro".
4º. "Hoy estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor que hoy"
5º. "Estamos en la Champions League de la economía".
6º. "La crisis de las hipotecas subprime no afectara a España, eso es cosa de EEUU".
7º. "Haré del parlamento el centro de la política nacional".
8º. "España tiene el mejor sistema financiero de la comunidad internacional".
9º. "Necesitamos que nuestros hijos reciban una buena educación para la ciudadanía para que vean el mundo en colores".
10º. "UGT, necesito vuestro apoyo y vuestro cariño".
11º. "Somos la 8ª potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con Italia".
12º. "La derecha reaccionaria nos ha llevado al capitalismo salvaje".
13º. "España ha vuelto al corazón de Europa".
14º. "Estoy muy de acuerdo en multar a los establecimientos que no rotulen en catalán".
15º. "El cambio climático causa más muertes que el terrorismo internacional".
16º. "El cambio climático es una de las causas de la recesión".
17º. "EEUU sumió al mundo en la crisis y la Unión Europea le sacará de ella."
18º. "La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama"
19º. "La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo".
20º. "La crisis es una falacia, puro catastrofismo."
21º. "La vuelta al crecimiento económico es inminente"
22º. "España no se rompe, está más unida que nunca"
23º. "España está a punto de salir de la crisis, si no lo ha hecho ya"
24º. "La Tierra no es de nadie, pertenece... al Viento" (aquí ya iba muy pasao...)
martes, 7 de junio de 2011
Tomas Gomez hace el ridiculo, criticando a upyd
Es evidente que la irrupción de UPyD en el panorama político madrileño ha dejado con el pie cambiado a los politicastros preestablecidos. Ésta es la (pobre) valoración que el líder de los socialistas madrileños ha hecho hoy del anuncio del partido de Rosa Díez de no entrar en ningún gobierno municipal: “Es difícil de entender que en una Comunidad en la que el PP ha golpeado la dignidad de los ayuntamientos y la decencia política, y ha golpeado con la corrupción económica en gran numero de ayuntamientos en los que ha gobernado con el famoso caso Gürtel, una nueva fuerza política como UPyD pacte el gobierno con el PP para que tengan diez nuevos ayuntamientos en los que seguir ejerciendo sus prácticas”.
Para culminar tan brillante análisis, añade que en esa “cesión de gobiernos al PP” no cabe “otra interpretación que la de ser cómplice de los que creen que un resultado electoral favorable blanquea la corrupción”. Con lo cual, no hay duda: habiendo “dos partidos de derechas y dos de izquierdas” en la Asamblea de Madrid, UPyD se convertiría en “la marca blanca del PP”. ¿Un nuevo partido al que Sopena podrá atizar como perteneciente a la Derechona Party?
¿No da más de sí Tomás Gómez? Su campaña electoral fue un conglomerado de sensacionalismo, demagogia y populismo, presentándose como “el presidente del pueblo”, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Pero ahora, aparte de mentir (los magenta no ha pactado nada con ningún partido), se ha superado: UPyD dijo antes de las elecciones que no entraría en ningún Gobierno; y ha cumplido. Circunstancialmente, esta no implicación (renunciando a lo que este tipo de partidos independientes suelen hacer: reivindicar cargos y cuotas de poder a cambio de ceder su apoyo al vencedor) puede favorecer en la mayoría de localidades al PP, como partido más votado. Pero, si ya se anunció previamente que se dejaría gobernar al más votado, ¿por qué Tomás Gómez no hace autocrítica y se preocupa de no haber sido su partido el más votado en tales municipios? Porque, de haber sido así, el gobierno sería suyo.
Es muy fácil acusar a UPyD de favorecer la corrupción, pero sólo hacer falta estrujarse un poco las neuronas para recordar que el partido de Rosa Díez ha hecho una excepción en su decisión de no apoyar directamente a la formación de ningún gobierno: rechazar a cualquier cargo público imputado en casos de corrupción. Como ha sucedido precisamente en Getafe, cuando una concejala del partido del señor Gómez se ha visto obligada a anunciar su dimisión por haber favorecido en una designación municipal a una empresa en la que trabajaba la mitad de su familia...
El fenómeno está siendo muy curioso: a una semana de que se instituyan los gobiernos municipales y autonómicos (¡aún no ha empezado la legislatura!), UPyD ya ha retratado a los politicastros en Madrid con una nueva forma de hacer política: rechazando aprovechar su posición de bisagra para forzar la obtención de cargos, señalando a los acusados de corrupción y renunciando a las prebendas de la casta (coches oficiales y sueldos desorbitados). PP, PSOE e IU están debiendo dar muchas explicaciones. Y éstas no están gustando a cada vez más
Para culminar tan brillante análisis, añade que en esa “cesión de gobiernos al PP” no cabe “otra interpretación que la de ser cómplice de los que creen que un resultado electoral favorable blanquea la corrupción”. Con lo cual, no hay duda: habiendo “dos partidos de derechas y dos de izquierdas” en la Asamblea de Madrid, UPyD se convertiría en “la marca blanca del PP”. ¿Un nuevo partido al que Sopena podrá atizar como perteneciente a la Derechona Party?
¿No da más de sí Tomás Gómez? Su campaña electoral fue un conglomerado de sensacionalismo, demagogia y populismo, presentándose como “el presidente del pueblo”, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Pero ahora, aparte de mentir (los magenta no ha pactado nada con ningún partido), se ha superado: UPyD dijo antes de las elecciones que no entraría en ningún Gobierno; y ha cumplido. Circunstancialmente, esta no implicación (renunciando a lo que este tipo de partidos independientes suelen hacer: reivindicar cargos y cuotas de poder a cambio de ceder su apoyo al vencedor) puede favorecer en la mayoría de localidades al PP, como partido más votado. Pero, si ya se anunció previamente que se dejaría gobernar al más votado, ¿por qué Tomás Gómez no hace autocrítica y se preocupa de no haber sido su partido el más votado en tales municipios? Porque, de haber sido así, el gobierno sería suyo.
Es muy fácil acusar a UPyD de favorecer la corrupción, pero sólo hacer falta estrujarse un poco las neuronas para recordar que el partido de Rosa Díez ha hecho una excepción en su decisión de no apoyar directamente a la formación de ningún gobierno: rechazar a cualquier cargo público imputado en casos de corrupción. Como ha sucedido precisamente en Getafe, cuando una concejala del partido del señor Gómez se ha visto obligada a anunciar su dimisión por haber favorecido en una designación municipal a una empresa en la que trabajaba la mitad de su familia...
El fenómeno está siendo muy curioso: a una semana de que se instituyan los gobiernos municipales y autonómicos (¡aún no ha empezado la legislatura!), UPyD ya ha retratado a los politicastros en Madrid con una nueva forma de hacer política: rechazando aprovechar su posición de bisagra para forzar la obtención de cargos, señalando a los acusados de corrupción y renunciando a las prebendas de la casta (coches oficiales y sueldos desorbitados). PP, PSOE e IU están debiendo dar muchas explicaciones. Y éstas no están gustando a cada vez más
El despilfarro de 5000 coches oficiales.
6 de Junio de 2011
¿Tendrá éxito el ejemplo de UPyD de «bajarse» del coche oficial? Éste es el gran informe sobre un privilegio que nos cuesta 240 millones al año
l programa de Jesús Gómez, ganador de las elecciones de Leganés (Madrid), tiene una propuesta estrella: que todos sus vecinos disfruten de un coche igualito al de Nicolas Sarkozy el día de su boda. «Heredaré del anterior alcalde el renting de un Citroën C6», explica Gómez, del PP. «No lo quiero para mí, pero igual sale más caro romper el contrato que guardar el coche. Para eso, que lo disfruten los vecinos... Lo alquilaremos por 50 euros al día».
Gómez no está solo en su cruzada anti-coche. En la España post 15-M, cada vez más políticos se están distanciando del símbolo por excelencia de los privilegios de su clan. Esta semana, los cinco concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid inflamaron el debate al renunciar a sus vehículos. «Les hemos pillado desprevenidos», presume su líder, David Ortega. «Iremos a trabajar en metro o en autobús, que se llega antes».
Tan calurosa fue la acogida popular a este gesto que el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, tuvo que anunciar el miércoles un recorte a su flota. Y, esa misma tarde, Mariano Rajoy prometió que las comunidades del PP le imitarán. ¿Un tic populista en tiempos de crisis? Es posible. Pero también un gesto sin precedentes en una casta aferrada a sus privilegios.
Lo que nadie sabe es cuánto nos ahorraríamos si, por ejemplo, la mitad de los políticos se apearan del coche oficial. La razón es simple: no existe un censo unificado de vehículos oficiales. Cada institución contrata coches a su antojo y no rinde cuentas a nadie... Es la metáfora perfecta del despendole presupuestario de la España de la burbuja.
Esta semana, Crónica trató de iluminar este punto ciego de los presupuestos españoles. Para lograrlo, realizó insistentes llamadas a más de 250 instituciones: ministerios, comunidades, diputaciones, ayuntamientos... Y, tras tabular los resultados, alcanzó una estimación de más de 3.600 coches entre el Estado Central (781), las CCAA (1.450), las diputaciones (400) y los ayuntamientos (1.000).
A este dato habría que añadir numerosos vehículos adicionales. Se ignora, por ejemplo, cuántos coches hay dispersos entre miles de empresas y entes públicos, ya sean del Estado central (454) o de otras administraciones. En Euskadi, por ejemplo, tienen coche seis directivos de Euskotren, cuatro directores de parques tecnológicos, el director de la Orquesta Sinfónica... Tampoco se sabe cuántos altos cargos gozan de coches oficiales dependientes del Ejército, la Policía o la Guardia Civil, por motivos de seguridad. Incluyendo estos datos, la cifra definitiva podría alcanzar los 5.000.
Un censo oficioso que el Estado no puede confirmar (ni desmentir) por falta de datos propios. «Nunca se ha hecho un recuento», admiten en el ministerio de Administración Pública. «No se sabe, no existe un listado de esos coches», confirman en la DGT. «Pufffff, imposible saberlo», zanjan en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y cada institución le pasa la bola a la siguiente...
«Es un caso clarísimo de opacidad voluntaria», denuncia Javier Díaz-Giménez, ex asesor del Gobierno y profesor del IESE. «Si se supiera cuantos coches hay, los funcionarios no habrían aceptado los recortes con tanta deportividad. Los políticos son los primeros interesados en ocultar el dato».
Hasta ahora, el único recuento global lo hizo la Asociación Italiana de Contribuyentes. En el ranking mundial, publicado en The Economist, España quedaba en séptima plaza, con 42.000 coches: más que Japón, con una población tres veces mayor. Al parecer, la enorme cifra se debe a que el sondeo no sólo incluía coches oficiales, sino todos los vehículos en manos de funcionarios. [En todo caso apiadémonos del contribuyente italiano, que financia 629.000 vehículos].
Sea cual sea el dato preciso, el gasto resulta colosal. Cada vehículo del Parque Móvil del Estado cuesta 48.303 euros al año. Si lo multiplicásemos por 5.000 coches oficiales, daría 241 millones.
Éste es el elevado precio de la adicción de los políticos al chófer. Y la razón va más allá de viajar cómodos. «Es una señal de estatus», dice Antoni Gutiérrez-Rubi, experto en comunicación política. «Un signo de que mandas, de que estás en el sistema... Por eso es el gran símbolo de los privilegios del político».
Y, por esos mismos motivos, se ha convertido ahora en el mayor enemigo del ciudadano cabreado. En las protestas del 15-M, todos clamaban contra este tipo de prebendas. «No hay pan para tanto chorizo», fue uno de los eslóganes más populares.
De ahí que este conato de austeridad enorgullezca a los cabecillas del movimiento. «Celebramos estos gestos», dice Fabio Gándara, padre del 15-M. «Pero queremos hechos, no palabras... Vamos a seguir presionando».
Y la tendencia persistirá. Vapuleados por la crisis, los ciudadanos exigen que los que mandan también se sacrifiquen. «La gente se siente ninguneada», dice Gutiérrez-Rubi. «Por eso, exige penitencia pública a los políticos, a veces hasta extremos irracionales... Y si tienen que ir en metro al trabajo, que vayan».
Herencia de la II República
ESTADO
Este año, los altos cargos del Estado recorrerán 13 millones de kilómetros a bordo de sus vehículos oficiales: 34 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Para cubrir este trayecto, sus motores quemarán 1,39 millones de litros de combustible. Y la factura por todo ello irá directa al bolsillo del contribuyente: 47,42 millones de euros al año.
El centro de este fabuloso dispendio es el Parque Móvil del Estado, una de las instituciones con más solera de España. Nacido en la II República, sobrevivió a la guerra, el franquismo, la democracia... La conclusión es clara: los regímenes se van, pero el coche permanece.
De media, cada uno de los 982 vehículos- de ellos, 781 coches oficiales- del Parque cuesta 48.303 euros al año. Los gastos son infinitos: comprarlos, ponerlos a punto, asegurarlos, llenarles el depósito... Pero, de lejos, la partida más cara es la de personal, que absorbe el 88% del presupuesto. En total, el Parque Móvil cuenta con 1.281 empleados, de los que 1.023 son conductores.
El mayor cliente del Parque es el Gobierno, con 325 coches. El ministerio más gastón es, curiosamente, el encargado de custodiar el dinero: Economía, con 53 vehículos. Le siguen, en la lejanía, Presidencia (28), Exteriores (26) y Sanidad (26). Los más austeros son Cultura (12), Interior (13) y Ciencia (13).
Los modelos más frecuentes son el Peugeot 407, el Alfa Romeo 166, el Renault Mégane y el Ford Mondeo. A bordo de estos coches viajan los cargos de gama media como subsecretarios, directores generales, subdelegados del Gobierno... El Parque reserva sus cochazos de gama alta para sus clientes VIP: vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado... Su marca favorita es la alemana Audi, con el A6 y el A8 como modelos más habituales.
Por motivos de seguridad, el Gobierno no detalla los modelos que emplean todos sus ministros. Sí que se sabe, por ejemplo, que el presidente Zapatero suele viajar en un Audi A8 ultrablindado. Además, dispone de una flotilla de todoterrenos Nissan Patrol que le acompañan cuando sale al monte de El Pardo a hacer footing.
Aparte, el Parque presta sus servicios a una docena de instituciones, que absorben más de 200 vehículos diarios. Tanto el Congreso como el Senado disponen de 17 coches oficiales. También cubre las necesidades de la Casa Real, que no ofrece datos oficiales sobre su flota. Sin embargo, se estima que cuenta con varias decenas, más los coches de la colección privada del rey.
Aparte, está la Audiencia Nacional (23), el CGPJ (22), el Supremo (23), la Fiscalía (16), el Tribunal de Cuentas (12), el Consejo de Estado (10), el Defensor del Pueblo (3)... Además, el Tribunal Constitucional (16) no sólo ofrece coches a sus magistrados: también a su expresidenta, María Emilia de las Casas.
En los últimos años, el Parque ha emprendido una renovación de la flota para ahorrar energía. Así, la antigüedad media de cada vehículo roza los 6,3 años. Además, ha adquirido 70 vehículos de combustible ecológico. Así que, a partir de ahora, los políticos no sólo viajarán cómodos: también tendrán su conciencia verde tranquila.
LEl Gobierno dispone de 325 coches oficiales. El ministerio más «gastón» es Economía, con 53. El menos, Cultura, con 12.
LTambién tienen el Congreso (17), el Senado (17), el Supremo (23), el CGPJ (22), el Constitucional (16), el Tribunal de Cuentas (12)...
LCada vehículo estatal cuesta 48.303 euros, recorre 13.217 km y consume 1.415 litros de combustible al año. El presupuesto total es de 47,42 millones de euros. El 88% se gasta en personal.
LLos ministros viajan en coches de lujo, sobre todo Audi. Otros cargos van en Peugeot 407, Alfa Romeo 166, Ford Mondeo...
1.450
El doble que el Estado
ccaa
Si el dispendio del Parque Móvil del Estado es fabuloso, todavía impresiona más el autonómico. Los 1.450 coches que forman la flota de coches oficiales de las CCAA casi duplican la del Estado. Así, masajear los egos de los políticos autonómicos nos cuesta 70,03 millones de euros al año, si tomamos como referencia el coste por vehículo de la Administración central.
Entre las comunidades más manirrotas destacan País Vasco (275), Andalucía (275), Valencia (117), Extremadura (116) y Cataluña (94). Mientras, las más austeras son Cantabria (13), La Rioja (16), Navarra (20) y Asturias (20). Eso, claro está, sin contar las dos ciudades autónomas, las únicas que se conforman con un sólo dígito en su flota: Ceuta (4) y Melilla (3).
De lejos, la marca predilecta de los jefazos autonómicos es Audi. Once de los presidentes (Valencia, Aragón, Madrid...) usan berlinas de esta marca, especialmente del modelo A8, cuya versión más sencilla cuesta 80.000 euros. Algunos, en cambio, se contentan con un Volvo S80 (Baleares) o un Renault Vel Satis (Castilla y León). Mientras, el gallego Feijóo (85 coches) ha sustituido el célebre A8 blindado de su predecesor, valorado en 480.000 euros -más que el Cadillac de Obama- por un Citroën C6, el de Sarko.
Pese a sus publicitados viajes en taxi a La Moncloa, el cántabro Miguel Ángel Revilla, derrotado el 22-M, dispone de un Peugeot 607. Mientras, el riojano Pedro Sanz se mueve en un A8, pero en sus ratos libres pasea por Logroño a bordo de un viejísimo Seat 600 privado.
En muchas comunidades, no sólo disfrutan de esta prebenda los presidentes y los consejeros. En Euskadi, por ejemplo, es raro el político que no va a trabajar con chófer. Entre ellos, los 135 directores del Gobierno, el cuarto peldaño de la Administración. Y también los jefes de Lanbide (el Inem vasco), Izenpe (empresa de certificación en internet) o Habe (programa de alfabetización en euskara para adultos), entre decenas de altos cargos de entes públicos.
Aunque la Junta de Andalucía no ofreció datos actualizados, se sabe que cuenta con una flota de tamaño similar, aunque esté vendiendo algunos. El presidente se mueve en un Audi A8; sus consejeros en A6, BMW 530 e incluso un Lexus GS 450 híbrido. Luego están los directores, los secretarios generales, los delegados provinciales... Y así hasta sumar unos 275 privilegiados, entre los que se encuentra la directora del patronato de la Alhambra.
En relación a su tamaño, quizá la autonomía más generosa sea Extremadura. El presidente goza de un A8 y un Volvo S80 y sus consejeros viajan en berlinas de gama alta: A6, Peugeot 607, Volkswagen Passat... Mientras, el expresidente Ibarra tiene cuatro coches: un A8, un A6, un Peugeot 407 y un Citröen C5.
El extremeño es uno de los exmandatarios que siguen disponiendo de un coche oficial. Hay otros 12 privilegiados: Pujol, Leguina, Maragall, Ibarretxe... Y la cifra irá creciendo a medida que se vayan jubilando: un nuevo lastre para las vapuleadas cuentas de las CCAA.
400
Todos en Audi A6
diputaciones
En las diputaciones provinciales no eres nadie si no te llevan al trabajo en un Audi. Al menos, así lo indica el estudio de Crónica: el 70% de los presidentes de estas instituciones viaja en un coche de la marca alemana. Eso sí, la mayoría no aspira al A8 del que presumen tantos presidentes autonómicos; ellos se conforman con un modesto A6, valorado en unos 50.000 euros.
En total, las diputaciones acumulan unos 400 vehículos oficiales en sus garajes. Así, su gasto estimado sería de 19,32 millones de euros al año. Una cifra astronómica, pero que palidece ante los 22.000 millones del presupuesto de estas instituciones, entre diputaciones, consells y cabildos insulares. Es decir, el cuádruple de lo ahorrado el año pasado con el zapatazo a pensionistas y funcionarios.
La diputación más gastona es la de Vizcaya, con 29 vehículos a disposición de su cúpula. Su diputado general, José Luis Bilbao (PNV), cambia de coche a menudo por motivos de seguridad. Eso sí, se sabe que los modelos más frecuentes en el garaje de su institución son el Ford Mondeo y el Peugeot 607.
Quien sí viaja cómodo al trabajo es su homólogo de Álava, Xabier Agirre (PNV). Hace tres años, nada más ser nombrado presidente, se regaló un Mercedes-Benz S320 de 108.000 euros con todas las comodidades. Mientras, los nueve miembros de su Consejo de Diputados comparten cuatro A6 y dos Peugeot 607.
Otro privilegiado es el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Francisco Pulido. Cada mañana le recoge un BMW Serie 7, cuyas versiones más sencillas cuestan 80.000 euros. Para el resto de miembros de la diputación reserva seis Honda Accord y cuatro Peugeot 407.
Tras Vizcaya, el mayor parque de vehículos lo disfruta la Diputación de Barcelona. Antoni Fogué Moya (PSC) viaja en el coche más habitual para su condición de presidente: un A6. El resto de altos cargos se reparte 21 vehículos: ocho VW Passat, seis Seat Exeo y siete Peugeot 407.
Las 34 instituciones que respondieron el cuestionario de Crónica cuentan con flota propia. Eso sí, las más austeras sólo mantienen un coche. En Menorca, el presidente tiene el uso exclusivo de un Volvo S40, mientras que en Palencia los diputados comparten un Peugeot 607 de ocho años de antigüedad.
Pero lo suyo es una excepción. Lo habitual son flotas más generosas. Por ejemplo, la de Cáceres: un A6 y 15 VW Passat. O la de Almería: un A8, 12 Passat y dos Renault Mégane. O la de Guipúzcoa: un BMW 525, un A6, un Mondeo y cuatro Saab...
Y así hasta los 400 coches de una capa de la Administración cuyas competencias son, en el mejor de los casos, vaporosas. Hace justo un año, el ministro José Blanco provocó un incendio político al cuestionar su existencia: «¿Tiene sentido que sigan existiendo las diputaciones provinciales en una administración tan descentralizada?».
De aquel globo-sonda nunca más se supo. Aunque si el ministro de Fomento quiere cumplir su palabra, ya sabe por dónde empezar su recorte: por el garaje.
LVizcaya tiene la mayor flota: 29. Le siguen Barcelona (22), Valencia (20), Badajoz (17), Cáceres (16) y Sevilla (16).
LEl 70% de los presidentes viaja en un Audi, sobre todo A6. Mientras, el de Álava se «regaló» un Mercedes de 108.000€ nada más llegar al cargo. Al de Córdoba lo recogen en un BMW serie 7.
LEl gasto estimado de las diputaciones es de 19,32 millones .
LSólo dos diputaciones tienen un único coche: Menorca (un Volvo S40 para el presidente) y Palencia (un Peugeot 607 para todos los diputados). Le siguen las de Soria, Zamora y Cuenca, con dos.
1.000
En pueblos de 2.000 habitantes
municipios
Ni caciques ni marqueses; el verdadero señor de los pueblos de España es el señor alcalde. Poco importa el número de habitantes, la superficie del municipio o la eficacia del transporte público.
En total, los ayuntamientos españoles gastan unos 48.303.000 euros al año. El dato corresponde a un parque móvil total de 1.000 vehículos; un recuento aproximado sobre las cifras oficiales recabadas en las capitales de provincia y otros ayuntamientos, lo que supone tan sólo una pequeña parte de los 8.116 municipios que existen en España.
El ayuntamiento más motorizado es, sin duda, el de Madrid, con 148 coches oficiales, de los que 57 son para cada uno de los concejales, otro es de uso del secretario del Pleno y 90 están destinados para incidencias. La razón, explicaba un portavoz municipal, es un informe del Ministerio de Interior que alertaba de seguimientos a ediles municipales. Alberto Ruiz Gallardón acaba de anunciar que limitaría el parque móvil del consistorio a uno por distrito (hay 21 distritos en la capital), uno por área de Gobierno y uno por portavoz municipal. Como apunte, la mayoría de los distritos madrileños apenas superan los cinco kilómetros cuadrados. Gallardón conducía un Audi A6 blindado, que costó a los madrileños casi 600.000 euros, y que recientemente ha cambiado por un Toyota Prius híbrido.
La tendencia ecologista, seguida también por el Ayuntamiento de Murcia, fue iniciada por Abel Caballero, el primer edil en utilizar un Peugeot eléctrico.
Sólo otro ayuntamiento, el valenciano, cuenta con un coche por concejal. La alcaldía dirigida por Rita Barberá suma 36 vehículos, entre ellos el Audi A6 de la primera edil.
La alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, dispone de tres coches oficiales: un Citroën Xantia para recorridos cortos, un Volkswagen Phaeton para los trayectos largos y un Audi de alta gama. El resto de ediles del ayuntamiento tienen asignados vehículos de Interior, por razones de seguridad.
El reparto más austero puede hallarse en La Rioja, donde el Ayuntamiento de Logroño dispone de tres coches oficiales -dos Renault Laguna y un monovolumen Mercedes-, mientras el primer edil de Calahorra, la segunda ciudad, utiliza su vehículo particular.
El ciudadano vigila y, quizá por eso, los casos de abuso en materia de coches oficiales cometidos por los políticos más cercanos a sus votantes se multiplican. Como el de Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca (Segovia), de 2.000 habitantes, quien se compró un Renault Vel Satis como el de los consejeros de Castilla y León. O el de Alfredo Sánchez Monteseirín, de Sevilla, que viajó en avión a Barcelona para asistir a la final de la Copa del Rey en 2010, pero envió su coche oficial 1.100 kilómetros por carretera, con chófer y escolta, para que lo recogiera en el aeropuerto. O, cómo no, el de Jesús Sola, de Herrera de los Navarros (Zaragoza), acusado de pagar 22.000 euros a su chófer (su sueldo es de 44.000 euros) con fondos europeos destinados a la lucha contra la violencia de género.
¿Tendrá éxito el ejemplo de UPyD de «bajarse» del coche oficial? Éste es el gran informe sobre un privilegio que nos cuesta 240 millones al año
l programa de Jesús Gómez, ganador de las elecciones de Leganés (Madrid), tiene una propuesta estrella: que todos sus vecinos disfruten de un coche igualito al de Nicolas Sarkozy el día de su boda. «Heredaré del anterior alcalde el renting de un Citroën C6», explica Gómez, del PP. «No lo quiero para mí, pero igual sale más caro romper el contrato que guardar el coche. Para eso, que lo disfruten los vecinos... Lo alquilaremos por 50 euros al día».
Gómez no está solo en su cruzada anti-coche. En la España post 15-M, cada vez más políticos se están distanciando del símbolo por excelencia de los privilegios de su clan. Esta semana, los cinco concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid inflamaron el debate al renunciar a sus vehículos. «Les hemos pillado desprevenidos», presume su líder, David Ortega. «Iremos a trabajar en metro o en autobús, que se llega antes».
Tan calurosa fue la acogida popular a este gesto que el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, tuvo que anunciar el miércoles un recorte a su flota. Y, esa misma tarde, Mariano Rajoy prometió que las comunidades del PP le imitarán. ¿Un tic populista en tiempos de crisis? Es posible. Pero también un gesto sin precedentes en una casta aferrada a sus privilegios.
Lo que nadie sabe es cuánto nos ahorraríamos si, por ejemplo, la mitad de los políticos se apearan del coche oficial. La razón es simple: no existe un censo unificado de vehículos oficiales. Cada institución contrata coches a su antojo y no rinde cuentas a nadie... Es la metáfora perfecta del despendole presupuestario de la España de la burbuja.
Esta semana, Crónica trató de iluminar este punto ciego de los presupuestos españoles. Para lograrlo, realizó insistentes llamadas a más de 250 instituciones: ministerios, comunidades, diputaciones, ayuntamientos... Y, tras tabular los resultados, alcanzó una estimación de más de 3.600 coches entre el Estado Central (781), las CCAA (1.450), las diputaciones (400) y los ayuntamientos (1.000).
A este dato habría que añadir numerosos vehículos adicionales. Se ignora, por ejemplo, cuántos coches hay dispersos entre miles de empresas y entes públicos, ya sean del Estado central (454) o de otras administraciones. En Euskadi, por ejemplo, tienen coche seis directivos de Euskotren, cuatro directores de parques tecnológicos, el director de la Orquesta Sinfónica... Tampoco se sabe cuántos altos cargos gozan de coches oficiales dependientes del Ejército, la Policía o la Guardia Civil, por motivos de seguridad. Incluyendo estos datos, la cifra definitiva podría alcanzar los 5.000.
Un censo oficioso que el Estado no puede confirmar (ni desmentir) por falta de datos propios. «Nunca se ha hecho un recuento», admiten en el ministerio de Administración Pública. «No se sabe, no existe un listado de esos coches», confirman en la DGT. «Pufffff, imposible saberlo», zanjan en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y cada institución le pasa la bola a la siguiente...
«Es un caso clarísimo de opacidad voluntaria», denuncia Javier Díaz-Giménez, ex asesor del Gobierno y profesor del IESE. «Si se supiera cuantos coches hay, los funcionarios no habrían aceptado los recortes con tanta deportividad. Los políticos son los primeros interesados en ocultar el dato».
Hasta ahora, el único recuento global lo hizo la Asociación Italiana de Contribuyentes. En el ranking mundial, publicado en The Economist, España quedaba en séptima plaza, con 42.000 coches: más que Japón, con una población tres veces mayor. Al parecer, la enorme cifra se debe a que el sondeo no sólo incluía coches oficiales, sino todos los vehículos en manos de funcionarios. [En todo caso apiadémonos del contribuyente italiano, que financia 629.000 vehículos].
Sea cual sea el dato preciso, el gasto resulta colosal. Cada vehículo del Parque Móvil del Estado cuesta 48.303 euros al año. Si lo multiplicásemos por 5.000 coches oficiales, daría 241 millones.
Éste es el elevado precio de la adicción de los políticos al chófer. Y la razón va más allá de viajar cómodos. «Es una señal de estatus», dice Antoni Gutiérrez-Rubi, experto en comunicación política. «Un signo de que mandas, de que estás en el sistema... Por eso es el gran símbolo de los privilegios del político».
Y, por esos mismos motivos, se ha convertido ahora en el mayor enemigo del ciudadano cabreado. En las protestas del 15-M, todos clamaban contra este tipo de prebendas. «No hay pan para tanto chorizo», fue uno de los eslóganes más populares.
De ahí que este conato de austeridad enorgullezca a los cabecillas del movimiento. «Celebramos estos gestos», dice Fabio Gándara, padre del 15-M. «Pero queremos hechos, no palabras... Vamos a seguir presionando».
Y la tendencia persistirá. Vapuleados por la crisis, los ciudadanos exigen que los que mandan también se sacrifiquen. «La gente se siente ninguneada», dice Gutiérrez-Rubi. «Por eso, exige penitencia pública a los políticos, a veces hasta extremos irracionales... Y si tienen que ir en metro al trabajo, que vayan».
Herencia de la II República
ESTADO
Este año, los altos cargos del Estado recorrerán 13 millones de kilómetros a bordo de sus vehículos oficiales: 34 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Para cubrir este trayecto, sus motores quemarán 1,39 millones de litros de combustible. Y la factura por todo ello irá directa al bolsillo del contribuyente: 47,42 millones de euros al año.
El centro de este fabuloso dispendio es el Parque Móvil del Estado, una de las instituciones con más solera de España. Nacido en la II República, sobrevivió a la guerra, el franquismo, la democracia... La conclusión es clara: los regímenes se van, pero el coche permanece.
De media, cada uno de los 982 vehículos- de ellos, 781 coches oficiales- del Parque cuesta 48.303 euros al año. Los gastos son infinitos: comprarlos, ponerlos a punto, asegurarlos, llenarles el depósito... Pero, de lejos, la partida más cara es la de personal, que absorbe el 88% del presupuesto. En total, el Parque Móvil cuenta con 1.281 empleados, de los que 1.023 son conductores.
El mayor cliente del Parque es el Gobierno, con 325 coches. El ministerio más gastón es, curiosamente, el encargado de custodiar el dinero: Economía, con 53 vehículos. Le siguen, en la lejanía, Presidencia (28), Exteriores (26) y Sanidad (26). Los más austeros son Cultura (12), Interior (13) y Ciencia (13).
Los modelos más frecuentes son el Peugeot 407, el Alfa Romeo 166, el Renault Mégane y el Ford Mondeo. A bordo de estos coches viajan los cargos de gama media como subsecretarios, directores generales, subdelegados del Gobierno... El Parque reserva sus cochazos de gama alta para sus clientes VIP: vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado... Su marca favorita es la alemana Audi, con el A6 y el A8 como modelos más habituales.
Por motivos de seguridad, el Gobierno no detalla los modelos que emplean todos sus ministros. Sí que se sabe, por ejemplo, que el presidente Zapatero suele viajar en un Audi A8 ultrablindado. Además, dispone de una flotilla de todoterrenos Nissan Patrol que le acompañan cuando sale al monte de El Pardo a hacer footing.
Aparte, el Parque presta sus servicios a una docena de instituciones, que absorben más de 200 vehículos diarios. Tanto el Congreso como el Senado disponen de 17 coches oficiales. También cubre las necesidades de la Casa Real, que no ofrece datos oficiales sobre su flota. Sin embargo, se estima que cuenta con varias decenas, más los coches de la colección privada del rey.
Aparte, está la Audiencia Nacional (23), el CGPJ (22), el Supremo (23), la Fiscalía (16), el Tribunal de Cuentas (12), el Consejo de Estado (10), el Defensor del Pueblo (3)... Además, el Tribunal Constitucional (16) no sólo ofrece coches a sus magistrados: también a su expresidenta, María Emilia de las Casas.
En los últimos años, el Parque ha emprendido una renovación de la flota para ahorrar energía. Así, la antigüedad media de cada vehículo roza los 6,3 años. Además, ha adquirido 70 vehículos de combustible ecológico. Así que, a partir de ahora, los políticos no sólo viajarán cómodos: también tendrán su conciencia verde tranquila.
LEl Gobierno dispone de 325 coches oficiales. El ministerio más «gastón» es Economía, con 53. El menos, Cultura, con 12.
LTambién tienen el Congreso (17), el Senado (17), el Supremo (23), el CGPJ (22), el Constitucional (16), el Tribunal de Cuentas (12)...
LCada vehículo estatal cuesta 48.303 euros, recorre 13.217 km y consume 1.415 litros de combustible al año. El presupuesto total es de 47,42 millones de euros. El 88% se gasta en personal.
LLos ministros viajan en coches de lujo, sobre todo Audi. Otros cargos van en Peugeot 407, Alfa Romeo 166, Ford Mondeo...
1.450
El doble que el Estado
ccaa
Si el dispendio del Parque Móvil del Estado es fabuloso, todavía impresiona más el autonómico. Los 1.450 coches que forman la flota de coches oficiales de las CCAA casi duplican la del Estado. Así, masajear los egos de los políticos autonómicos nos cuesta 70,03 millones de euros al año, si tomamos como referencia el coste por vehículo de la Administración central.
Entre las comunidades más manirrotas destacan País Vasco (275), Andalucía (275), Valencia (117), Extremadura (116) y Cataluña (94). Mientras, las más austeras son Cantabria (13), La Rioja (16), Navarra (20) y Asturias (20). Eso, claro está, sin contar las dos ciudades autónomas, las únicas que se conforman con un sólo dígito en su flota: Ceuta (4) y Melilla (3).
De lejos, la marca predilecta de los jefazos autonómicos es Audi. Once de los presidentes (Valencia, Aragón, Madrid...) usan berlinas de esta marca, especialmente del modelo A8, cuya versión más sencilla cuesta 80.000 euros. Algunos, en cambio, se contentan con un Volvo S80 (Baleares) o un Renault Vel Satis (Castilla y León). Mientras, el gallego Feijóo (85 coches) ha sustituido el célebre A8 blindado de su predecesor, valorado en 480.000 euros -más que el Cadillac de Obama- por un Citroën C6, el de Sarko.
Pese a sus publicitados viajes en taxi a La Moncloa, el cántabro Miguel Ángel Revilla, derrotado el 22-M, dispone de un Peugeot 607. Mientras, el riojano Pedro Sanz se mueve en un A8, pero en sus ratos libres pasea por Logroño a bordo de un viejísimo Seat 600 privado.
En muchas comunidades, no sólo disfrutan de esta prebenda los presidentes y los consejeros. En Euskadi, por ejemplo, es raro el político que no va a trabajar con chófer. Entre ellos, los 135 directores del Gobierno, el cuarto peldaño de la Administración. Y también los jefes de Lanbide (el Inem vasco), Izenpe (empresa de certificación en internet) o Habe (programa de alfabetización en euskara para adultos), entre decenas de altos cargos de entes públicos.
Aunque la Junta de Andalucía no ofreció datos actualizados, se sabe que cuenta con una flota de tamaño similar, aunque esté vendiendo algunos. El presidente se mueve en un Audi A8; sus consejeros en A6, BMW 530 e incluso un Lexus GS 450 híbrido. Luego están los directores, los secretarios generales, los delegados provinciales... Y así hasta sumar unos 275 privilegiados, entre los que se encuentra la directora del patronato de la Alhambra.
En relación a su tamaño, quizá la autonomía más generosa sea Extremadura. El presidente goza de un A8 y un Volvo S80 y sus consejeros viajan en berlinas de gama alta: A6, Peugeot 607, Volkswagen Passat... Mientras, el expresidente Ibarra tiene cuatro coches: un A8, un A6, un Peugeot 407 y un Citröen C5.
El extremeño es uno de los exmandatarios que siguen disponiendo de un coche oficial. Hay otros 12 privilegiados: Pujol, Leguina, Maragall, Ibarretxe... Y la cifra irá creciendo a medida que se vayan jubilando: un nuevo lastre para las vapuleadas cuentas de las CCAA.
400
Todos en Audi A6
diputaciones
En las diputaciones provinciales no eres nadie si no te llevan al trabajo en un Audi. Al menos, así lo indica el estudio de Crónica: el 70% de los presidentes de estas instituciones viaja en un coche de la marca alemana. Eso sí, la mayoría no aspira al A8 del que presumen tantos presidentes autonómicos; ellos se conforman con un modesto A6, valorado en unos 50.000 euros.
En total, las diputaciones acumulan unos 400 vehículos oficiales en sus garajes. Así, su gasto estimado sería de 19,32 millones de euros al año. Una cifra astronómica, pero que palidece ante los 22.000 millones del presupuesto de estas instituciones, entre diputaciones, consells y cabildos insulares. Es decir, el cuádruple de lo ahorrado el año pasado con el zapatazo a pensionistas y funcionarios.
La diputación más gastona es la de Vizcaya, con 29 vehículos a disposición de su cúpula. Su diputado general, José Luis Bilbao (PNV), cambia de coche a menudo por motivos de seguridad. Eso sí, se sabe que los modelos más frecuentes en el garaje de su institución son el Ford Mondeo y el Peugeot 607.
Quien sí viaja cómodo al trabajo es su homólogo de Álava, Xabier Agirre (PNV). Hace tres años, nada más ser nombrado presidente, se regaló un Mercedes-Benz S320 de 108.000 euros con todas las comodidades. Mientras, los nueve miembros de su Consejo de Diputados comparten cuatro A6 y dos Peugeot 607.
Otro privilegiado es el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Francisco Pulido. Cada mañana le recoge un BMW Serie 7, cuyas versiones más sencillas cuestan 80.000 euros. Para el resto de miembros de la diputación reserva seis Honda Accord y cuatro Peugeot 407.
Tras Vizcaya, el mayor parque de vehículos lo disfruta la Diputación de Barcelona. Antoni Fogué Moya (PSC) viaja en el coche más habitual para su condición de presidente: un A6. El resto de altos cargos se reparte 21 vehículos: ocho VW Passat, seis Seat Exeo y siete Peugeot 407.
Las 34 instituciones que respondieron el cuestionario de Crónica cuentan con flota propia. Eso sí, las más austeras sólo mantienen un coche. En Menorca, el presidente tiene el uso exclusivo de un Volvo S40, mientras que en Palencia los diputados comparten un Peugeot 607 de ocho años de antigüedad.
Pero lo suyo es una excepción. Lo habitual son flotas más generosas. Por ejemplo, la de Cáceres: un A6 y 15 VW Passat. O la de Almería: un A8, 12 Passat y dos Renault Mégane. O la de Guipúzcoa: un BMW 525, un A6, un Mondeo y cuatro Saab...
Y así hasta los 400 coches de una capa de la Administración cuyas competencias son, en el mejor de los casos, vaporosas. Hace justo un año, el ministro José Blanco provocó un incendio político al cuestionar su existencia: «¿Tiene sentido que sigan existiendo las diputaciones provinciales en una administración tan descentralizada?».
De aquel globo-sonda nunca más se supo. Aunque si el ministro de Fomento quiere cumplir su palabra, ya sabe por dónde empezar su recorte: por el garaje.
LVizcaya tiene la mayor flota: 29. Le siguen Barcelona (22), Valencia (20), Badajoz (17), Cáceres (16) y Sevilla (16).
LEl 70% de los presidentes viaja en un Audi, sobre todo A6. Mientras, el de Álava se «regaló» un Mercedes de 108.000€ nada más llegar al cargo. Al de Córdoba lo recogen en un BMW serie 7.
LEl gasto estimado de las diputaciones es de 19,32 millones .
LSólo dos diputaciones tienen un único coche: Menorca (un Volvo S40 para el presidente) y Palencia (un Peugeot 607 para todos los diputados). Le siguen las de Soria, Zamora y Cuenca, con dos.
1.000
En pueblos de 2.000 habitantes
municipios
Ni caciques ni marqueses; el verdadero señor de los pueblos de España es el señor alcalde. Poco importa el número de habitantes, la superficie del municipio o la eficacia del transporte público.
En total, los ayuntamientos españoles gastan unos 48.303.000 euros al año. El dato corresponde a un parque móvil total de 1.000 vehículos; un recuento aproximado sobre las cifras oficiales recabadas en las capitales de provincia y otros ayuntamientos, lo que supone tan sólo una pequeña parte de los 8.116 municipios que existen en España.
El ayuntamiento más motorizado es, sin duda, el de Madrid, con 148 coches oficiales, de los que 57 son para cada uno de los concejales, otro es de uso del secretario del Pleno y 90 están destinados para incidencias. La razón, explicaba un portavoz municipal, es un informe del Ministerio de Interior que alertaba de seguimientos a ediles municipales. Alberto Ruiz Gallardón acaba de anunciar que limitaría el parque móvil del consistorio a uno por distrito (hay 21 distritos en la capital), uno por área de Gobierno y uno por portavoz municipal. Como apunte, la mayoría de los distritos madrileños apenas superan los cinco kilómetros cuadrados. Gallardón conducía un Audi A6 blindado, que costó a los madrileños casi 600.000 euros, y que recientemente ha cambiado por un Toyota Prius híbrido.
La tendencia ecologista, seguida también por el Ayuntamiento de Murcia, fue iniciada por Abel Caballero, el primer edil en utilizar un Peugeot eléctrico.
Sólo otro ayuntamiento, el valenciano, cuenta con un coche por concejal. La alcaldía dirigida por Rita Barberá suma 36 vehículos, entre ellos el Audi A6 de la primera edil.
La alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, dispone de tres coches oficiales: un Citroën Xantia para recorridos cortos, un Volkswagen Phaeton para los trayectos largos y un Audi de alta gama. El resto de ediles del ayuntamiento tienen asignados vehículos de Interior, por razones de seguridad.
El reparto más austero puede hallarse en La Rioja, donde el Ayuntamiento de Logroño dispone de tres coches oficiales -dos Renault Laguna y un monovolumen Mercedes-, mientras el primer edil de Calahorra, la segunda ciudad, utiliza su vehículo particular.
El ciudadano vigila y, quizá por eso, los casos de abuso en materia de coches oficiales cometidos por los políticos más cercanos a sus votantes se multiplican. Como el de Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca (Segovia), de 2.000 habitantes, quien se compró un Renault Vel Satis como el de los consejeros de Castilla y León. O el de Alfredo Sánchez Monteseirín, de Sevilla, que viajó en avión a Barcelona para asistir a la final de la Copa del Rey en 2010, pero envió su coche oficial 1.100 kilómetros por carretera, con chófer y escolta, para que lo recogiera en el aeropuerto. O, cómo no, el de Jesús Sola, de Herrera de los Navarros (Zaragoza), acusado de pagar 22.000 euros a su chófer (su sueldo es de 44.000 euros) con fondos europeos destinados a la lucha contra la violencia de género.
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