Javier Chicote.- 20/09/2011 (06:00h)
Mañana miércoles concluye el plazo de presentación de las ofertas para el contrato con el que la Cámara de Cuentas renovará los ocho coches oficiales del presidente, el vicepresidente, los cinco consejeros y la secretaria general de la institución. El organismo madrileño, dependiente de la Asamblea, ha valorado el contrato en 471.380 euros, casi 60.000 por coche en régimen de alquiler, el conocido leasing. La Cámara podrá devolver los coches a los cuatro años del contrato principal (2012-2016, 327.873 euros) o prorrogarlo dos años más (hasta 2018) a cambio de otros 143.507 euros.
Todos los grupos con representación en la Asamblea de Madrid acordaron el pasado julio recortar en un diez por ciento la asignación que reciben para sus gastos. Fuentes oficiales de la Cámara de Cuentas aseguran a El Confidencial que pretenden recortar “un mínimo de un 20 por ciento” en el contrato de los coches oficiales respecto al coste del contrato actual, pero en ningún caso se plantean eliminar o reducir ese servicio –y sus respectivos chóferes, cuyos sueldos van aparte- “porque es un gasto aprobado por la Asamblea”. La Cámara de Cuentas, el órgano de fiscalización y control del sector público de la Comunidad de Madrid, tiene ocho millones de euros de presupuesto para 2011, uno menos que en 2010. A pregunta de este diario, tanto la Asamblea como la Cámara de Cuentas se han negado a desglosar el sueldo de los miembros del Consejo.
Coches de 30.000 euros alquilados a 60.000
Según el pliego de prescripciones técnicas, los coches que se van a contratar son siete berlinas diesel de 170 caballos y una de 140. Uno de los vehículos, el destinado al presidente, Manuel Jesús González, que actualmente está de baja por enfermedad, debe tener cambio automático y tracción total, además de una serie de extras que comparte con los otros seis coches de esa potencia: detector de fatiga del conductor, llantas de aleación de diecisiete pulgadas, sensores de lluvia y de presión de neumáticos, control de tracción y faros bixenon, entre otros. El precio de mercado de ocho coches de esas características es de unos 260.000 euros. La Cámara de Cuentas va a gastar casi el doble en alquilarlos, aunque el precio incluye las revisiones mecánicas y el seguro. Según el pliego, el precio de alquiler mensual de cada coche ronda los 800 euros, IVA incluido. Si agotan los cuatro años de contrato y los dos de prórroga, la Cámara habrá pagado por cada vehículo cuando lo devuelva unos 60.000 euros, casi el doble de su coste en el concesionario. Además, el coste de los dispositivos de seguridad no está incluido en el contrato, sino que correrá a cargo de la Cámara, es decir, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
UPyD registró en la Asamblea el pasado mes una pregunta por escrito al presidente de la Cámara de Cuentas para saber si ese gasto en vehículos es necesario para el ejercicio de sus funciones y cuál era el uso de los coches. Todavía no han recibido respuesta, aunque, como decíamos antes, el uso es trasladar a los ocho miembros del Consejo de la Cámara, según ha podido saber El Confidencial, portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea, considera, en declaraciones a este diario, que “en un momento de crisis, en lugar de dejar el servicio en dos coches, por ejemplo, mantienen los ocho, que es a todas luces un despropósito en un organismo con apenas cien empleados”. Marcos insiste en que “se puede renunciar al coche oficial y seguir trabajando con normalidad”. UPyD registró ayer otra pregunta para saber cuál es el número total de chóferes y su relación contractual, principalmente el coste de sus sueldos.
martes, 20 de septiembre de 2011
lunes, 19 de septiembre de 2011
Martin de la Herrán Candidato a la presidencia de la junta de Andalucia pot Upyd
, Martín de la Herrán, será también el de todos los andaluces de la agrupación. El abogado fue elegido ayer candidato por su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía en la cita con las urnas de la próxima primavera.
Pocos minutos después de saber el resultado de las primarias en la comunidad autónoma, De la Herrán no podía hacer otra cosa en la sede de la agrupación local que jerezana que dar las gracias por el apoyo recibido -en torno al 42% de los votos- y por las felicitaciones que le llegaban de todos los rincones del territorio andaluz. Estoy muy ilusionado», dijo, consciente también de que «queda mucho trabajo por delante».
De la Herrán fue también el candidato a la Alcaldía de Jerez en las municipales del 22 de mayo pero la agrupación no alcanzó representación en el Consistorio. Entre sus rivales en las primarias de ayer destaca Mayte Olalla, que consiguió un concejal en el Ayuntamiento de Granada en la pasada cita electoral.
De esta forma, Jerez tendrá dos representantes en las elecciones autonómicas: Martín de la Herrán por UPyD y el exalcalde Pedro Pacheco por Foro Ciudadano.
Abogado y político
Fundador como socio del bufete Abolex Abogados, donde concentra su actividad profesional, Martín de la Herrán se dio a conocer como candidato de UPyD en las municipales de Jerez, si bien su proyección se ha visto aumentada a raíz de que se haya hecho cargo de la defensa de la asociación «SOS Bebés Robados de Cádiz».
No fue hasta el año 2008 cuando entró en contacto con Unión Progreso y Democracia. Una vez que se afilió, ha dedicado buena parte de su tiempo a esta nueva faceta política. De hecho ha sido su trabajo en la formación lo que le ha permitido entrar en contacto con el asunto de los bebés robados en la provincia, a través de una vecina afectada.
Fue el pasado 18 de diciembre de 2010 cuando fue elegido, en un proceso de primarias, candidato por UPyD a la Alcaldía jerezana. Su campaña electoral recabó apoyos en distintos sectores de la sociedad y consiguió que los jerezanos identificaran el partido con un nuevo rostro a nivel local y no solo con Rosa Díez en el ámbito nacional.
Pocos minutos después de saber el resultado de las primarias en la comunidad autónoma, De la Herrán no podía hacer otra cosa en la sede de la agrupación local que jerezana que dar las gracias por el apoyo recibido -en torno al 42% de los votos- y por las felicitaciones que le llegaban de todos los rincones del territorio andaluz. Estoy muy ilusionado», dijo, consciente también de que «queda mucho trabajo por delante».
De la Herrán fue también el candidato a la Alcaldía de Jerez en las municipales del 22 de mayo pero la agrupación no alcanzó representación en el Consistorio. Entre sus rivales en las primarias de ayer destaca Mayte Olalla, que consiguió un concejal en el Ayuntamiento de Granada en la pasada cita electoral.
De esta forma, Jerez tendrá dos representantes en las elecciones autonómicas: Martín de la Herrán por UPyD y el exalcalde Pedro Pacheco por Foro Ciudadano.
Abogado y político
Fundador como socio del bufete Abolex Abogados, donde concentra su actividad profesional, Martín de la Herrán se dio a conocer como candidato de UPyD en las municipales de Jerez, si bien su proyección se ha visto aumentada a raíz de que se haya hecho cargo de la defensa de la asociación «SOS Bebés Robados de Cádiz».
No fue hasta el año 2008 cuando entró en contacto con Unión Progreso y Democracia. Una vez que se afilió, ha dedicado buena parte de su tiempo a esta nueva faceta política. De hecho ha sido su trabajo en la formación lo que le ha permitido entrar en contacto con el asunto de los bebés robados en la provincia, a través de una vecina afectada.
Fue el pasado 18 de diciembre de 2010 cuando fue elegido, en un proceso de primarias, candidato por UPyD a la Alcaldía jerezana. Su campaña electoral recabó apoyos en distintos sectores de la sociedad y consiguió que los jerezanos identificaran el partido con un nuevo rostro a nivel local y no solo con Rosa Díez en el ámbito nacional.
jueves, 8 de septiembre de 2011
El imposible Referendum de los 35. Segun Jose Oneto
Rosa Díez no renuncia y, sigue buscando a 35 ciudadanos que en el Congreso de los Diputados o en el Senado (aquí, menos), desobedezcan las consignas de sus partidos, ejerzan de ciudadanos libres y, se sumen a la petición de convocatoria de un Referéndum para la reforma de la Constitución de 1978, cuya último acto se desarrolla este miércoles en el Senado.
La dirigente de UPyD (Unión Progreso y Democracia), que durante estas semanas ha venido exigiendo la instalación de una tercera urna para que el próximo 20 de noviembre, el día de las elecciones generales, la ciudadanía pueda expresarse libremente sobre la primera reforma importante de la Constitución en treinta y dos años, rompiendo el secuestro que de la interpretación de la constitución han hecho, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, hurtando el debate y rechazando las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, y exigiendo, sobre todo, el correspondiente Referéndum.
De poco ha servido la insistencia de Rosa Díez, ante el bloqueo provocado por los dos más importantes partidos políticos, que, sorprendentemente, en la reforma constitucional ha sido en el único tema en el que se han puesto de acuerdo, precisamente en una legislatura que termina en la mayor crisis económica que ha conocido este país en todo el periodo democrático.
Crisis económica y social a la que han contribuido tanto populares que, en ningún momento, han querido prestar la mínima colaboración al Gobierno, como socialistas que han gobernado pensando más en el sectarismo que en unos imprescindibles Pactos de la Moncloa a los que nunca han querido llegar con el argumento de que son muchas las diferencias ideológicas que les separan, sin que esas diferencias hayan afectado, para nada, al acuerdo de reforma constitucional sobre el equilibrio presupuestario.
En principio, hoy miércoles se cierra en el Senado el procedimiento de reforma Constitucional después de dos semanas de tensiones entre los dos más importantes partidos políticos del país (socialista y popular), impulsores y artífices de la reforma y, el resto de las fuerzas políticas.
Durante estas dos semanas se ha roto el consenso constitucional especialmente con Convergencia i Unió, una de las fuerzas políticas que dio credibilidad, junto con el Partido Comunista (integrado hoy en Izquierda Unida) al proyecto constitucional, las minorías han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados en la última votación de enmiendas, y se han pronunciado en contra de la reforma UPyD y Coalición Canaria.
De esta forma con solo los votos del Partido Popular, PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN) la reforma pasa al Senado seriamente tocada, con el desencanto de un sector muy importante del Parlamento y con la oposición, también, de diversos sectores sociales que van desde los indignados del 15-M, hasta las dos más importantes centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, así como numerosos colectivos integrados en Juventud sin futuro, en “Democracia Real, Ya”, y en ONGs que consideran que se ha metido, de pronto, y a la fuerza, la ideología en la Constitución, algo que, gracias al consenso se evitó, cuidadosamente, hace más de treinta y dos años.
Por eso, tal como está la política nacional, la búsqueda de esos 35 ciudadanos para que, en conciencia exijan un Referéndum, como quiere Rosa Díez, resulta una labor casi heroica.
La dirigente de UPyD (Unión Progreso y Democracia), que durante estas semanas ha venido exigiendo la instalación de una tercera urna para que el próximo 20 de noviembre, el día de las elecciones generales, la ciudadanía pueda expresarse libremente sobre la primera reforma importante de la Constitución en treinta y dos años, rompiendo el secuestro que de la interpretación de la constitución han hecho, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, hurtando el debate y rechazando las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, y exigiendo, sobre todo, el correspondiente Referéndum.
De poco ha servido la insistencia de Rosa Díez, ante el bloqueo provocado por los dos más importantes partidos políticos, que, sorprendentemente, en la reforma constitucional ha sido en el único tema en el que se han puesto de acuerdo, precisamente en una legislatura que termina en la mayor crisis económica que ha conocido este país en todo el periodo democrático.
Crisis económica y social a la que han contribuido tanto populares que, en ningún momento, han querido prestar la mínima colaboración al Gobierno, como socialistas que han gobernado pensando más en el sectarismo que en unos imprescindibles Pactos de la Moncloa a los que nunca han querido llegar con el argumento de que son muchas las diferencias ideológicas que les separan, sin que esas diferencias hayan afectado, para nada, al acuerdo de reforma constitucional sobre el equilibrio presupuestario.
En principio, hoy miércoles se cierra en el Senado el procedimiento de reforma Constitucional después de dos semanas de tensiones entre los dos más importantes partidos políticos del país (socialista y popular), impulsores y artífices de la reforma y, el resto de las fuerzas políticas.
Durante estas dos semanas se ha roto el consenso constitucional especialmente con Convergencia i Unió, una de las fuerzas políticas que dio credibilidad, junto con el Partido Comunista (integrado hoy en Izquierda Unida) al proyecto constitucional, las minorías han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados en la última votación de enmiendas, y se han pronunciado en contra de la reforma UPyD y Coalición Canaria.
De esta forma con solo los votos del Partido Popular, PSOE y Unión del Pueblo Navarro (UPN) la reforma pasa al Senado seriamente tocada, con el desencanto de un sector muy importante del Parlamento y con la oposición, también, de diversos sectores sociales que van desde los indignados del 15-M, hasta las dos más importantes centrales sindicales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, así como numerosos colectivos integrados en Juventud sin futuro, en “Democracia Real, Ya”, y en ONGs que consideran que se ha metido, de pronto, y a la fuerza, la ideología en la Constitución, algo que, gracias al consenso se evitó, cuidadosamente, hace más de treinta y dos años.
Por eso, tal como está la política nacional, la búsqueda de esos 35 ciudadanos para que, en conciencia exijan un Referéndum, como quiere Rosa Díez, resulta una labor casi heroica.
martes, 6 de septiembre de 2011
Spanish house approves budget cap Sunday, 04 September 2001La prensa internacional se hace eco del mensaje de Upyd
MADRID: Spain’s lower house lawmakers voted overwhelmingly yesterday to put a budget deficit cap in the constitution after a stormy debate, cheering markets but infuriating many at home.
Lawmakers voted by 316 to five in favour of the constitutional reform, easily reaching the three-fifths support required.
About 10 lawmakers from smaller parties walked out in protest before the vote, which approved only the second change to the 1978 constitution since it was drawn up three years after General Francisco Franco’s death.
To become law the reform must still be cleared by the Senate, which is expected to consider it next week.
The reform push is a sign of Spain’s determination to prove to markets it will repay holders of its bonds and to shed its reputation as one of the usual suspects in the eurozone sovereign debt crisis.
Under the constitutional change, Spain must stick to a long-term deficit cap except in times of natural disaster, recession, or extraordinary emergencies and even then only with approval of the lower house.
An accompanying law to be enacted by June 30 next year would set the actual figure for the structural deficit at 0.4 percent of annual gross domestic product from 2020.
The governing Socialist party and conservative opposition Popular Party put aside their rivalry to draw up the proposed reform last week even as they battle it out in the run-up to November 20 elections.
While investors and major European powers welcome the planned reform, many in Spain are furious at the change and demand the right to a referendum before it goes ahead.
Unions, some civil groups and many smaller parties say it is a hasty change to please markets that ties the hands of the government and squashes the rights of the powerful regions.
“Who do you think you are?” Rosa Diez, founder of the small Union, Democracy and Progress Party, angrily asked lawmakers of the big ruling and opposition parties. The Socialist and Popular Party groups had “expropriated the constitution,” she charged.
Several thousand demonstrators from Spain’s “indignant” social protest movement took to the streets of Madrid on the eve of the vote and scores rallied nearby the parliament as lawmakers arrived. The biggest unions have called for a major protest in Madrid September 6.
The lower house rejected 18 proposed amendments to the reform before the overall vote.
If the law is approved by the Senate next week, as expected, there will be a 15-day waiting period during which lawmakers can force a referendum if they can muster 10 percent support from either house of parliament.
The measures “need to be effective as soon as possible because the next months could be difficult,” government spokesman Jose Blanco warned.
“We have to do everything possible to protect ourselves from months as difficult as August was,” he said after a weekly meeting of government ministers.
“We have to do it ourselves and we have to do it now. And not doing it would raise risks that are as clear as they are serious.”
Germany and France had called August 16 on all 17 eurozone countries to adopt a “golden rule” on keeping the public finances balanced. Spain, which already has a similar law on the books but not in the constitution, was the first nation to respond.
German Chancellor Angela Merkel congratulated Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero on the swift action when they met in a Paris summit to discuss Libya on Thursday.
AFP
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Lawmakers voted by 316 to five in favour of the constitutional reform, easily reaching the three-fifths support required.
About 10 lawmakers from smaller parties walked out in protest before the vote, which approved only the second change to the 1978 constitution since it was drawn up three years after General Francisco Franco’s death.
To become law the reform must still be cleared by the Senate, which is expected to consider it next week.
The reform push is a sign of Spain’s determination to prove to markets it will repay holders of its bonds and to shed its reputation as one of the usual suspects in the eurozone sovereign debt crisis.
Under the constitutional change, Spain must stick to a long-term deficit cap except in times of natural disaster, recession, or extraordinary emergencies and even then only with approval of the lower house.
An accompanying law to be enacted by June 30 next year would set the actual figure for the structural deficit at 0.4 percent of annual gross domestic product from 2020.
The governing Socialist party and conservative opposition Popular Party put aside their rivalry to draw up the proposed reform last week even as they battle it out in the run-up to November 20 elections.
While investors and major European powers welcome the planned reform, many in Spain are furious at the change and demand the right to a referendum before it goes ahead.
Unions, some civil groups and many smaller parties say it is a hasty change to please markets that ties the hands of the government and squashes the rights of the powerful regions.
“Who do you think you are?” Rosa Diez, founder of the small Union, Democracy and Progress Party, angrily asked lawmakers of the big ruling and opposition parties. The Socialist and Popular Party groups had “expropriated the constitution,” she charged.
Several thousand demonstrators from Spain’s “indignant” social protest movement took to the streets of Madrid on the eve of the vote and scores rallied nearby the parliament as lawmakers arrived. The biggest unions have called for a major protest in Madrid September 6.
The lower house rejected 18 proposed amendments to the reform before the overall vote.
If the law is approved by the Senate next week, as expected, there will be a 15-day waiting period during which lawmakers can force a referendum if they can muster 10 percent support from either house of parliament.
The measures “need to be effective as soon as possible because the next months could be difficult,” government spokesman Jose Blanco warned.
“We have to do everything possible to protect ourselves from months as difficult as August was,” he said after a weekly meeting of government ministers.
“We have to do it ourselves and we have to do it now. And not doing it would raise risks that are as clear as they are serious.”
Germany and France had called August 16 on all 17 eurozone countries to adopt a “golden rule” on keeping the public finances balanced. Spain, which already has a similar law on the books but not in the constitution, was the first nation to respond.
German Chancellor Angela Merkel congratulated Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero on the swift action when they met in a Paris summit to discuss Libya on Thursday.
AFP
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domingo, 4 de septiembre de 2011
jueves, 1 de septiembre de 2011
La traca final del zapaterismo
Álvaro Anchuelo 31/08/2011
Los fuegos artificiales, tan propios de estas fechas, suelen terminar con una ruidosa traca. Resulta por ello estéticamente muy apropiado que el mandato de Zapatero, ocho años de puros fuegos de artificio político, concluya igual. El eco de las decisiones tomadas en los dos consejos de ministros extraordinarios del verano y en las sesiones del Congreso que los han acompañado atronarían los oídos de cualquier sociedad. Perdón, quiero decir de cualquiera, excepto de la adormecida sociedad española, a la que ni las explosiones atómicas parecen ya despertar.
Para entender esta súbita actividad in extremis de un gobierno moribundo, ha de tenerse en cuenta una realidad que preferimos ignorar. La economía española se encuentra intervenida, aunque sea discretamente. Está en la UCI con respiración asistida del BCE. Sólo sus compras de deuda pública española en el mercado secundario han impedido una crisis de la deuda; sólo la liquidez que concede a bancos y cajas ha conjurado el colapso bancario. A cambio del rescate, el BCE ha impuesto condiciones. Los documentos no se han hecho públicos (¿para qué informar a los ciudadanos de la realidad?) pero los actos gubernamentales nos dan una buena pista de su contenido.
La decisión más relevante ha consistido ni más ni menos que en reformar la Constitución. Lo que se decía que era imposible cuando la sociedad reclamaba la reforma de la ley electoral o la aclaración del reparto competencial entre comunidades y Estado, ahora resulta que puede hacerse en el tiempo de descuento de la legislatura. ¿Por qué tanta prisa? Al fin y al cabo, los cambios propuestos plantean unos objetivos de déficit y deuda para el año 2020. ¿No debería preceder un debate sosegado al cambio de la carta magna?
Los mercados ni se han calmado ni se van a calmar por una medida con efectos tan a largo plazo. Por otro lado, aunque no sea constitucionalmente obligatorio convocar un referéndum para realizar esta reforma, tampoco está prohibido. ¿Por qué no hacerlo? Seguramente porque se trata de una reforma dictada desde el exterior, que demuestra lo bajo que hemos caído. El PP se ha sumado a la iniciativa, sin hacer ascos al impresentable procedimiento. Sin embargo, las formas son importantes en una democracia. La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha puesto a unos y otros en evidencia al señalar lo fácil y barato que resultaría realizar la consulta. Bastaría con añadir una tercera urna el 20-N.
Respecto al contenido de la reforma constitucional propuesta, en realidad ya existen numerosos mecanismos para lograr la estabilidad presupuestaria en España. Hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria, además de los compromisos europeos del Pacto de Estabilidad. En esencia, lo que se hace es poner ahora esos compromisos europeos en la Constitución, pero igual de obligatorios eran antes.
No obstante, el descontrol del gasto autonómico y la falta de coordinación entre las distintas administraciones han impedido cumplirlos. Como sólo UPyD ha señalado, a menos que la reforma propuesta vaya unida a cambios adicionales de la Constitución (una delimitación clara y estable de competencias entre comunidades y Estado, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación y sanción), también acabará por convertirse en papel mojado.
Si nuestros socios europeos supiesen la facilidad con la que desvirtuamos aquí cotidianamente el contenido de la Constitución (lean si no los nuevos Estatutos), ni se habrían molestado en imponernos la reforma. Pero claro, en sus países estas cosas sí se toman en serio. Nuestros gobernantes deben de haber pensado: “a ver si así los mantenemos engañados hasta el 2020”.
En este debate, sorprende la poca atención prestada a un aspecto importante. La reforma adopta el 60% del PIB, que en el Pacto de Estabilidad es un vago “valor de referencia” al que se considera deseable “tender”, como un objetivo estricto que la deuda pública española debe alcanzar en 2020. No es algo baladí. Ahora está en torno al 65% del PIB y alcanzará el 70% durante 2012. Reducirla 10 puntos del PIB no será fácil. Como déficit y deuda están relacionados, de nada sirve dejar flexibilidad al primero si luego se impone un exigente objetivo a la segunda.
El noble y generoso enfoque de “el que venga detrás que arree” impregna también otras medidas adoptadas estos días, como las relacionadas con el Impuesto de Sociedades y la reducción del IVA para las compras de vivienda nueva.
Aumentar los anticipos que tienen que pagar las grandes empresas por el impuesto de sociedades no cambia la situación intertemporal de las cuentas públicas; tan solo adelanta en el tiempo unos ingresos que se dejarán de percibir después. ¿A quién intentan engañar así? ¿Piensan que cualquiera de nuestros acreedores o socios europeos no sabe hacer estas sencillas cuentas? A cambio de este maquillaje de las cuentas del 2011, las empresas ven cómo se rompe su planificación fiscal en unos momentos complicados y se genera más inseguridad jurídica en un clima que ya era de improvisación generalizada.
La reducción del IVA para las compras de vivienda nueva del 8% al 4%, de manera excepcional y temporal hasta al 31 de diciembre, es otra medida de “pan para hoy y hambre para mañana”, por no llamarla de “tierra quemada”. Este tipo de medidas, más que aumentar la demanda, lo que hacen es adelantarla en el tiempo para aprovechar la deducción. Se anticipan compras que iban a realizarse después y, cuando finaliza la deducción, caen bruscamente. Es lo que vimos con las ayudas públicas a la compra de automóviles, por ejemplo. En el caso de la vivienda, ni siquiera es probable que esta medida produzca muchos efectos, al verse contrarrestada por el anuncio del PP de que se propone restablecer la deducción generalizada por compra de vivienda en el IRPF.
Las medidas de reducción del gasto farmacéutico parecen sensatas. Los médicos recetaran principios activos en vez de marcas y las farmacias dispensarán el medicamento más barato que los contengan. Se ahorrarán así 2.400 millones año, por lo visto. La duda que surge es ¿si era tan fácil, qué intereses han impedido hacerlo antes? Se está reconociendo oficialmente que, en los siete años de gobierno de Zapatero, se han pagado 16.800 millones de euros de más en la sanidad pública.
Un petardo especialmente gordo concluye la traca agosteña: la decisión de facilitar el encadenamiento de contratos temporales. Se adivina de nuevo la larga mano del BCE, que venía exigiendo desde hace tiempo (junto al Banco de España) la liberalización del mercado de trabajo español. Supone un giro radical en la política del gobierno, de nuevo realizado sin ninguna explicación coherente.
En un país en el que el 92% de los nuevos contratos son ya temporales, implica apostar por la precarización absoluta del empleo, después de tanta retórica sobre los supuestos derechos sociales. Los expertos hace tiempo que propusieron una solución más inteligente y menos costosa socialmente: el contrato único indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por despido inicialmente moderada (pero superior a la del contrato temporal) que iría aumentando paulatinamente con la antigüedad.
Sería otra forma de evitar el salto brusco en la indemnización cuando el contrato pasa de temporal a indefinido, que lleva a los empresarios a despedir a los trabajadores antes de tener que darlo. Sólo UPyD ha defendido la propuesta de contrato único en el Congreso, siendo rechazada por el bipartito
Los fuegos artificiales, tan propios de estas fechas, suelen terminar con una ruidosa traca. Resulta por ello estéticamente muy apropiado que el mandato de Zapatero, ocho años de puros fuegos de artificio político, concluya igual. El eco de las decisiones tomadas en los dos consejos de ministros extraordinarios del verano y en las sesiones del Congreso que los han acompañado atronarían los oídos de cualquier sociedad. Perdón, quiero decir de cualquiera, excepto de la adormecida sociedad española, a la que ni las explosiones atómicas parecen ya despertar.
Para entender esta súbita actividad in extremis de un gobierno moribundo, ha de tenerse en cuenta una realidad que preferimos ignorar. La economía española se encuentra intervenida, aunque sea discretamente. Está en la UCI con respiración asistida del BCE. Sólo sus compras de deuda pública española en el mercado secundario han impedido una crisis de la deuda; sólo la liquidez que concede a bancos y cajas ha conjurado el colapso bancario. A cambio del rescate, el BCE ha impuesto condiciones. Los documentos no se han hecho públicos (¿para qué informar a los ciudadanos de la realidad?) pero los actos gubernamentales nos dan una buena pista de su contenido.
La decisión más relevante ha consistido ni más ni menos que en reformar la Constitución. Lo que se decía que era imposible cuando la sociedad reclamaba la reforma de la ley electoral o la aclaración del reparto competencial entre comunidades y Estado, ahora resulta que puede hacerse en el tiempo de descuento de la legislatura. ¿Por qué tanta prisa? Al fin y al cabo, los cambios propuestos plantean unos objetivos de déficit y deuda para el año 2020. ¿No debería preceder un debate sosegado al cambio de la carta magna?
Los mercados ni se han calmado ni se van a calmar por una medida con efectos tan a largo plazo. Por otro lado, aunque no sea constitucionalmente obligatorio convocar un referéndum para realizar esta reforma, tampoco está prohibido. ¿Por qué no hacerlo? Seguramente porque se trata de una reforma dictada desde el exterior, que demuestra lo bajo que hemos caído. El PP se ha sumado a la iniciativa, sin hacer ascos al impresentable procedimiento. Sin embargo, las formas son importantes en una democracia. La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha puesto a unos y otros en evidencia al señalar lo fácil y barato que resultaría realizar la consulta. Bastaría con añadir una tercera urna el 20-N.
Respecto al contenido de la reforma constitucional propuesta, en realidad ya existen numerosos mecanismos para lograr la estabilidad presupuestaria en España. Hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria, además de los compromisos europeos del Pacto de Estabilidad. En esencia, lo que se hace es poner ahora esos compromisos europeos en la Constitución, pero igual de obligatorios eran antes.
No obstante, el descontrol del gasto autonómico y la falta de coordinación entre las distintas administraciones han impedido cumplirlos. Como sólo UPyD ha señalado, a menos que la reforma propuesta vaya unida a cambios adicionales de la Constitución (una delimitación clara y estable de competencias entre comunidades y Estado, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación y sanción), también acabará por convertirse en papel mojado.
Si nuestros socios europeos supiesen la facilidad con la que desvirtuamos aquí cotidianamente el contenido de la Constitución (lean si no los nuevos Estatutos), ni se habrían molestado en imponernos la reforma. Pero claro, en sus países estas cosas sí se toman en serio. Nuestros gobernantes deben de haber pensado: “a ver si así los mantenemos engañados hasta el 2020”.
En este debate, sorprende la poca atención prestada a un aspecto importante. La reforma adopta el 60% del PIB, que en el Pacto de Estabilidad es un vago “valor de referencia” al que se considera deseable “tender”, como un objetivo estricto que la deuda pública española debe alcanzar en 2020. No es algo baladí. Ahora está en torno al 65% del PIB y alcanzará el 70% durante 2012. Reducirla 10 puntos del PIB no será fácil. Como déficit y deuda están relacionados, de nada sirve dejar flexibilidad al primero si luego se impone un exigente objetivo a la segunda.
El noble y generoso enfoque de “el que venga detrás que arree” impregna también otras medidas adoptadas estos días, como las relacionadas con el Impuesto de Sociedades y la reducción del IVA para las compras de vivienda nueva.
Aumentar los anticipos que tienen que pagar las grandes empresas por el impuesto de sociedades no cambia la situación intertemporal de las cuentas públicas; tan solo adelanta en el tiempo unos ingresos que se dejarán de percibir después. ¿A quién intentan engañar así? ¿Piensan que cualquiera de nuestros acreedores o socios europeos no sabe hacer estas sencillas cuentas? A cambio de este maquillaje de las cuentas del 2011, las empresas ven cómo se rompe su planificación fiscal en unos momentos complicados y se genera más inseguridad jurídica en un clima que ya era de improvisación generalizada.
La reducción del IVA para las compras de vivienda nueva del 8% al 4%, de manera excepcional y temporal hasta al 31 de diciembre, es otra medida de “pan para hoy y hambre para mañana”, por no llamarla de “tierra quemada”. Este tipo de medidas, más que aumentar la demanda, lo que hacen es adelantarla en el tiempo para aprovechar la deducción. Se anticipan compras que iban a realizarse después y, cuando finaliza la deducción, caen bruscamente. Es lo que vimos con las ayudas públicas a la compra de automóviles, por ejemplo. En el caso de la vivienda, ni siquiera es probable que esta medida produzca muchos efectos, al verse contrarrestada por el anuncio del PP de que se propone restablecer la deducción generalizada por compra de vivienda en el IRPF.
Las medidas de reducción del gasto farmacéutico parecen sensatas. Los médicos recetaran principios activos en vez de marcas y las farmacias dispensarán el medicamento más barato que los contengan. Se ahorrarán así 2.400 millones año, por lo visto. La duda que surge es ¿si era tan fácil, qué intereses han impedido hacerlo antes? Se está reconociendo oficialmente que, en los siete años de gobierno de Zapatero, se han pagado 16.800 millones de euros de más en la sanidad pública.
Un petardo especialmente gordo concluye la traca agosteña: la decisión de facilitar el encadenamiento de contratos temporales. Se adivina de nuevo la larga mano del BCE, que venía exigiendo desde hace tiempo (junto al Banco de España) la liberalización del mercado de trabajo español. Supone un giro radical en la política del gobierno, de nuevo realizado sin ninguna explicación coherente.
En un país en el que el 92% de los nuevos contratos son ya temporales, implica apostar por la precarización absoluta del empleo, después de tanta retórica sobre los supuestos derechos sociales. Los expertos hace tiempo que propusieron una solución más inteligente y menos costosa socialmente: el contrato único indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por despido inicialmente moderada (pero superior a la del contrato temporal) que iría aumentando paulatinamente con la antigüedad.
Sería otra forma de evitar el salto brusco en la indemnización cuando el contrato pasa de temporal a indefinido, que lleva a los empresarios a despedir a los trabajadores antes de tener que darlo. Sólo UPyD ha defendido la propuesta de contrato único en el Congreso, siendo rechazada por el bipartito
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