Los telefonos "DESCUIDADOS" por los socialestas de Barreda

Cien altos cargos del PSOE castellano-manchego se han llevado a casa los smartphones de alta gama de que disfrutaban cuando estaban en ejercicio. Dicen que en su momento se los dieron "para uso privado", lo que demuestra que la confusión entre público-privado para un socialista con cargo público es un hecho muy extendido.

Como buenos sociatas no distinguen entre partido político y administración pública, porque, de hecho, cuando gobiernan no hay ninguna distinción. Los que hemos sido funcionarios durante el felipismo sabemos que cualquier secretario general de una agrupación cualquiera del PSOE mandaba más en la comunidad autónoma que el consejero del ramo, algo que a los que no estábamos en la pomada nos sorprendía por obsceno, pero que en los funcionatas afiliados a "La Pesoe", en aquellos años la inmensa mayoría, era aceptado con absoluta normalidad.

Consejero socialista de la comunidad murciana hubo que se llevó el sillón de su despacho a casa, porque se conoce que ya se había acostumbrado a echar ahí la siesta y no era cuestión de machacarse las cervicales cambiando de modelo. Ante el escándalo lo devolvió diciendo que había sido un error. Seguramente al hombre, mientras recogía las fotos de los niños de la mesa de su despacho, se le quedó el sillón enredado y se dio cuenta del error cuando llevaba ya más de un mes instalado en el salón de su domicilio.

Con los móviles de última generación de los socialistas castellano-manchegos está pasando exactamente lo mismo. Ahora dicen que los van a devolver, pero que, ojo, si se los llevaron fue porque se los dieron para su uso particular. Tócate los nísperos que se agusanan, que diría el Maestro Campmany. Al tiempo, acusan a María Dolores de Cospedal de ser bastante ruín, porque lo de hacer a un socialista que devuelva los bienes públicos que se ha apropiado es, por lo visto, una afrenta intolerable.

Laureano López Rodó, que en tiempos del desarrollismo del franquiense era el hombre más poderoso de España, se jubiló con una pensión del estado para morir en el piso en el que había vivido siempre. Al día siguiente de cesar en el gobierno se percató de que tenía en su casa una grabadora que solía llevarse del ministerio por las tardes para dictar algunas cartas y adelantar trabajo del día siguiente. Inmediatamente llamó a su sucesor para que un propio pasara a recoger el artefacto, que en aquellas fechas debía de ser aparatoso como una caja de zapatos. Pasaron los días y nadie venía a recoger aquella grabadora, de tal forma que D. Laureano se presentó en la ventanilla del ministerio a devolverla y no se fue de allí hasta que el titular del negociado correspondiente no le extendió el correspondiente recibo.

Como los amigotes de Barreda con los Iphones "gratis total".

La misma Generalitat que pide el concierto economico para Cataluña exigue, a España que la rescate,

consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha reivindicado la creación de hispabonos que agrupen a la deuda de todas las comunidades autónomas.

Lo ha reclamado a través de un artículo publicado este miércoles por El Periódico de Cataluña y recogido por Europa Press, en el que dice que al igual que España pide a las instituciones europeas la creación de un eurobono, lo mismo debería hacer el Estado con las comunidades autónomas.

Este hispabono implicaría "que haya un margen de garantía estatal para los bonos autonómicos". Además, el consejero también ha apreciado que el hispabono es un derecho: "Aquí sí que los ciudadanos de las autonomías contribuimos a las finanzas del conjunto" a diferencia de lo que ocurre a escala comunitaria.

Mas-Colell ha criticado que el Estado, para oponerse al hispabono, utilice el mismo argumento que el gobierno alemán de Ángela Merkel al oponerse al eurobono: "Encarecería su deuda".

"Con la falta de avales nos estamos penalizando a nosotros mismos. Con la falta de avales, la Administración central está penalizando a sus propios contribuyentes", ha argumentado el consejero.

"Sería una paradoja que ahora que en la eurozona empieza a abrirse la perspectiva de establecer mecanismos de seguro mutuo entre los estados miembros, hubiera estados que los rechazaran para su estructura fiscal interna", ha añadido.

Mas-Collel ha reiterado que, en su opinión, no es cierto que la existencia de este tipo de bonos impliquen una subida de la deuda pública: "Una garantía colectiva no encarecería, al contrario. Y, por tanto, debería haber margen para que todos ganásemos"..

una oportunidad unica para cambiar la Costitucion . De Carlos martinez Gorriaran

Cuando decidimos fundar UPyD en el verano de 2007, tuvimos claro desde el principio que el nuevo partido iba a trabajar por un eje triple de reformas básicas: de la Ley Electoral, de las instituciones (regeneración democrática) y de la Constitución. Lo de reformar la Constitución era una idea recibida entonces con, en el mejor de los casos, escepticismo incluso entre quienes también estaban convencidos de sus muchas deficiencias. Lo más corriente era la displicencia, la burla o la abierta hostilidad, especialmente entre quienes pensaban que esta era la mejor Constitución posible para un país con nuestra penosa historia constitucional. Pero cuando un problema de la magnitud del constitucional existe, como pensábamos los fundadores de UPyD, se puede ocultar o negar durante un tiempo, e incluso se puede ridiculizar y ningunear a quienes lo han diagnosticado, pero inexorablemente acaba saliendo a la superficie. A veces mediante lo que Hegel llamó “una astucia de la Razón”, como es el caso: la crisis financiera de la deuda, la intervención alemana, las reformas administrativas italianas y el BCE han obligado a los viejos partidos a entrar en un asunto bloqueado por su inmovilismo y su espesa red de intereses creados (cuya expresión más ruidosa está en el follón organizado a propósito de reformar o suprimir las Diputaciones provinciales, órganos superfluos pero que emplean a miles de “funcionarios de partido”).

En fin: lo que no han conseguido los análisis más sensatos ni las propuestas políticas más oportunas e imaginativas lo han hecho posible el Banco Central Europeo y las exigencias francoalemanas. El BCE es el más que probable autor de una carta al presidente Rodríguez Zapatero con el siguiente mensaje: o España modifica su Constitución para prohibir el endeudamiento excesivo de las administraciones públicas, o el BCE deja de comprar deuda pública española con el riesgo real de quiebra que esto comporta, más la consiguiente salida de España del euro. Pero ni España puede permitirse ese horizonte –tener que volver a la vieja peseta sería todo un fracaso simbólico de la modernización del país, además de un desastre económico-, ni al núcleo de Europa liderado por Alemania le interesa arriesgar la desaparición de una moneda de la que depende en alto grado su competitividad económica.

En el dilema entre reconocer el fracaso del euro por la falta de unidad fiscal y de un gobierno económico genuino, y el de dar pasos en esta dirección, parece que se abre paso la segunda opción, y sencillamente porque es la más realista. Puede chocar que la reforma constitucional española sea un paso en este sentido, pero tiene una lógica mayor de la que parece. En la exigencia del BCE hay sin duda un interés político muy primario: se trata de que Merkel pueda tranquilizar a su partido y al electorado alemán con la idea de que la Constitución española obligará al Estado a dejar de gastar más de lo que ingresa, de modo que podrá pagar la deuda pública en manos alemanas y del BCE. Ahora bien, esa condición, de dudosa o nula eficacia económica –el Tratado que abrió paso al euro ya prohibía déficits fiscales anuales de más del 3% del PIB, incumplido por casi todos los Estados de la zona euro en algún momento-, es lo que en lenguaje político tradicional se llamaría un recorte de soberanía por otros países. Porque España es, de hecho, un país intervenido como ya lo ha sido Italia y antes, en condiciones más duras, Irlanda, Portugal y Grecia. Por supuesto, España podría rechazar la condición exigida por el BCE, pero eso casi equivaldría a renunciar a formar parte de la UE, siquiera como socio menor e intervenido (otro de los grandes logros de la política de Zapatero). Y en España, salvo una minoría, nadie quiere jugar esa insensata carta nacionalista. Como además se trata de una reforma constitucional de efectos más simbólicos que otra cosa –una muestra de sumisión a las exigencias de nuestros tutores financieros-, al PP y al PSOE no les ha costado nada ponerse de acuerdo en aceptar esa auténtica humillación política.

Pero, a diferencia de otros pactos PP-PSOE anteriores, debido a su naturaleza éste no puede ser inmovilista aunque se pretenda. Sea cual sea la intención del BCE o las condiciones políticas de Merkel y Sarkozy, la exigencia de limitar constitucionalmente el déficit público –cuyos detalles seguimos desconociendo- muerde de modo irreversible e irrevocable en el fruto prohibido: la reforma de la Constitución de 1978. Porque una vez aprobada esa mini-reforma sobre el déficit público mediante procedimiento de urgencia –injustificable: un fraude sobre otro fraude-, ¿qué impide debatir reformas mucho más importantes y trascendentales, como la del régimen electoral, la estructura territorial del Estado, su laicidad, la independencia de la Justicia y la separación efectiva de poderes, la supresión de los falaces “derechos históricos” y otros defectos de la actual Constitución? Nada, salvo la cerrazón de los partidos viejos, su inmovilismo y la profunda incapacidad que han demostrado al gestionar una crisis anunciada, de tal forma que su incapacidad para la reforma política ha obligado a intervenir a Estados socios de la UE en nuestros asuntos domésticos.

Naturalmente, la reacción nacionalista de rechazar toda “intervención extranjera” sería una estupidez gravísima. Ni los europeos son ya para nosotros “el extranjero”, sino socios y conciudadanos en muchos aspectos, ni se puede salir de nuestra crisis doble, política y económica, con recetas aislacionistas y del pasado. La salida es obvia y puede resumirse de nuevo en términos hegelianos: frente a la tesis de una Constitución desfasada y la antítesis de la exigencia del BCE para reformarla en un punto económico, la síntesis de una reforma de verdad de la Constitución que no venga impuesta por agentes económicos externos, sino por la libre voluntad de la ciudadanía española. Esta es la oportunidad: aprovechemos la exigencia europea de reforma constitucional para imponer a PP y PSOE y sus socios menores un debate de reforma constitucional a fondo, sin reservas y con amplitud de miras. Con toda la calma que se quiera, pero con un objetivo firme y claro: adecuar la Constitución a las necesidades políticas del siglo XXI. UPyD ya tiene un programa de reforma constitucional que, por descontado, no se trata de imponer a nadie, sino que se ofrece como una propuesta para un debate que no debe ser partidista ni, sobre todo, partitocrático.

Si se abre paso esta idea, el Parlamento surgido de la convocatoria electoral del 20N se convertiría, como debe ser de acuerdo con las reglas básicas de la democracia, en un Parlamento constituyente que debata y apruebe, y someta a referéndum, la Constitución española para el siglo XXI. Hay un modo de hacerlo muy fácil y barato: que el 20 N haya una tercera urna para que podamos votar la mini-reforma constitucional pactada por PSOE y PP a finales de agosto, iniciando así un procedimiento general de reforma debatida a fondo.