toque de silbato, o sea, de movilización por las redes sociales, un millar de indignados fueron el miércoles hasta las puertas del Congreso de los Diputados. No es fácil de congregar a un millar de personas, a pesar de que muchos relativicen a este movimiento, para protestar contra la reforma laboral. Ayer se concentraron ante las Cortes Valencianas y hubo heridos de gravedad. Sin embargo, todavía hay gente que reduce el asunto a poco menos que nada. Se equivocan. Esto va para largo. Y, por supuesto, continuamente estará en el límite con la violencia.
Por otro lado, es natural que el movimiento derive en violencia y enfrentamientos; pues que no se conoce en la historia de la civilización un grupo de individuos que trate de funcionar al margen de la sociedad real sin que ello derive en violencia. Eso es exactamente lo que han hecho los acampados en la Puerta del Sol: ellos han funcionado, y así lo han reflejado todos los comentaristas del mundo, en una plaza pública como una "sociedad" al margen de la sociedad... El enfrentamiento entre dos tipos de sociedades tan diferentes es inevitable.
Pero, independientemente de que nos guste más o menos la evolución de este movimiento social, sin duda alguna surgido de asociaciones de todo tipo vinculadas a la izquierda y a la extrema izquierda política, es menester reconocer su existencia. Hacerle menosprecio, ridiculizarlo y, sobre todo, no enfrentarlo con medios analíticos es la mejor manera de que nos pase factura. Es evidente que hay dos maneras de hacerse cargo del asunto: por un lado, están los medios de la izquierda que dan una gran importancia al movimiento del 15-M; y, por otro lado, encontramos a los de la derecha que lo relativizan.
Hacen mal unos y otros; los primeros, porque no quieren reconocer la instrumentalización y aliento que les da el ministro del Interior; los segundos, porque le dan a Pérez Rubalcaba todo el protagonismo del 15-M. Se equivocan todos. Es obvio que Pérez Rubalcaba hace uso, instrumentaliza y alienta el movimiento. Forma parte de su trabajo, sobre todo, después del 22-M. Es su modo normal de hacer política en la Oposición. Agitando masas. Pérez Rubalcaba se prepara para la nueva etapa que viene a España. Repito las preguntas formuladas en otro contexto: ¿Por qué el PSOE tendría que reprimir el movimiento del 15-M ahora, precisamente, cuando el PP ha conseguido un poder inmenso en casi todas las Autonomías y Ayuntamientos de España? ¿Por qué Pérez Rubalcaba tendría que ejercer la violencia contra quienes pueden darle votos? ¿Por qué Pérez Rubalcaba va a desalojar de los espacios públicos a un movimiento que surge de asociaciones de extrema izquierda con apoyo de millones de indignados contra el mal funcionamiento de la democracia en España?
El problema no es pues de Pérez Rubalcaba ni del PSOE. El problema es de Rajoy. Es uno de sus grandes problemas. Rajoy es ya un hombre muy poderoso, porque su partido tiene un inmenso poder en toda España, y él está llamado a ser el próximo presidente del Gobierno, pero todavía no se ha dignado a decir qué hacer, cómo resolver y, sobre todo, cómo encarar a ese movimiento "político". He ahí el verdadero problema. Rajoy no lo quiere encarar ahora, pero, por desgracia, acabará estallándole.
viernes, 10 de junio de 2011
Lo primero es moralizar la vida publica
La expresión “regeneración democrática” se ha puesto de moda y, como es natural, no todos la usamos con el mismo significado. En UPyD la usamos desde nuestro nacimiento, la usan muchos analistas y escritores –y el regeneracionismo es un viejo artefacto teórico de la democracia española desde al menos Joaquín Costa-, y lo han puesto de moda esta primavera iniciativas y movimientos como #nolesvotes, Democracia Real Ya y el variopinto (y decadente) movimiento de los Indignados acampados bajo el exagerado título de #spanishrevolution. Los que pedimos regeneración del sistema compartimos el diagnóstico básico, a saber, que el sistema democrático nacido en la Transición ha degenerado por muchas causas, pero no hay acuerdo en cuáles son éstas ni en cómo pueden atajarse. El amplio consenso sobre el que el bipartidismo inducido es un mal, la Ley Electoral injusta y la Justicia independiente sólo un deseo piadoso, se abre a continuación en un amplio abanico de propuestas alternativas. Unas, como las nuestras de UPyD, proponen medidas regeneradoras claramente institucionales: reformas parlamentarias de la Ley Electoral y de la Constitución para asegurar la separación de poderes, la autonomía de la justicia o leyes de transparencia y participación ciudadana. Otras, como las que se han oído en las asambleas de indignados, han derivado hacia políticas asamblearias fundamentalistas (eso es para mí el empeño en conseguir la unanimidad en una sociedad donde nada es unánime ni puede serlo) de orientación anarquista o consejista que han conseguido achicar al máximo el espacio social del movimiento hasta llevarlo a la parálisis y la marginalidad. Entre medio, los viejos partidos intentan ponerse al frente de la manifestación regeneracionista prometiendo reformas que han rechazado hasta ayer mismo, copiando descaradamente iniciativas de austeridad que exigen al rival mientras ignoran en sus taifas particulares, como sucede con las exigencias de transparencia de Rajoy a las comunidades que gobernaban los socialistas. ¿Pero cómo creer su buena disposición a quienes han fabricado este callejón sin salida?
Como es natural, esta profunda división desorienta a muchos ciudadanos interesados en qué se puede y debe hacer para solucionar la crisis política que amenaza con destruir todo lo que necesitamos para vivir con decencia, igualdad jurídica y libertad personal. Algo por otra parte inevitable cuando, como es el caso, asistimos a la que amenaza ser muy pronto una formidable crisis constitucional. La pregunta es más o menos esta: por dónde empezamos? Algo así como una versión reformista y cívica del revolucionario Qué hacer? que Lenin escribiera como guión del asalto al poder en Rusia.
Pues bien, en mi opinión lo que urge y lo primero es moralizar la vida pública. Entrar en las instituciones para hacer que actúen de acuerdo con los criterios de la ética pública de la democracia, que es algo bastante sencillo: respetar las leyes y hacerlas cumplir a todos, servir al interés general y no al particular ni partidario, rechazar cualquier corrupción y combatirla con medidas prácticas. Abrir las ventanas, los cajones y los armarios; levantar las alfombras y pasar la escoba; poner sobre la mesa lo que había estado tapado, desde el estado de las cuentas públicas al funcionamiento interno escamoteado al control de todos.
El entusiasmo que ha despertado una medida tan sencilla y de sentido común como el rechazo de los coches oficiales que corresponden a todos los concejales de Madrid –salvo entre sus antiguos beneficiarios, especialmente los de IU- por los cinco de UPyD es solo una muestra de lo extendida que está la urgencia por la moralización de la vida pública. Cuando se pide que se extingan los privilegios de los políticos la mayor parte de la gente reclama que desaparezcan los lujos injustificados –como esos coches oficiales con chófer y escolta que son más un signo de estatus que una medida de seguridad-, y también las zonas de sombra que ocultan al escrutinio público el verdadero funcionamiento de la maquinaria política y administrativa: la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a millones de personas. La vida pública se moraliza no mediante declaraciones altisonantes, sino con cargos públicos austeros que no buscan privilegios para sí ni para sus socios, mediante políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía y con instituciones eficaces que –al menos- resuelvan más problemas de los que crean y aporten más beneficios que costos.
Moralizar la vida pública no es sin embargo el objetivo de la política de regeneración democrática, sino un requisito para su puesta en marcha, el saque que inicia el partido. Su objetivo no es sólo dar buen ejemplo y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que también, sino devolver a las instituciones la legitimidad que han perdido por el mal uso que los viejos partidos han hecho de ellas. Esta legitimidad es indispensable para abordar el debate político que exige una reforma constitucional y para tener autoridad para enfrentar los grandes problemas que ya tenemos en casa: crisis económico-financiera, paro monstruoso (especialmente el juvenil) y desafíos nacionalistas al Estado común que la entrada de Bildu en las instituciones vascas y navarras van a reactivar inmediatamente echando más gasolina al fuego que consume el Estado.
La legitimidad que da la moralización de las instituciones es la convicción de que los cargos públicos no son un hato de corruptos o ineptos que están allí para medrar, sino ciudadanos como la mayoría, dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para resolver los asuntos que se les han encomendado. En definitiva, la seguridad de que, al igual que un bombero, un policía o un médico, un concejal o un diputado está trabajando para resolver los asuntos públicos del mejor modo que sepa. Ese es el clima de opinión indispensable para abordar con seriedad y garantías un debate sobre cómo resolver de una vez la estructura territorial del Estado, cómo acabar con la corrupción, cómo instaurar una justicia independiente o una ley electoral más justa. O la reforma laboral que urge para acabar con el mercado dual y el paro juvenil consecuente.
Conviene recordar que nuestras sociedades modernas son complejas, cambiantes y, en muchos aspectos, impredecibles. Pretender que todos quienes las componemos debemos ponernos de acuerdo en todo –al estilo de las acampadas de “indignados”- no solo es una quimera y una soberana tontería, sino un atentado contra la naturaleza misma de la democracia, entendida como un sistema político que incluye a personas de muy distintas ideas, creencias, expectativas e intereses, organizadas por eso mismo en distintos partidos políticos. Los problemas políticos que tenemos solo va a solucionarlos una política mejor y más democracia, no menos, pero para eso es indispensable que primero moralicemos las instituciones acabando con la corrupción, las malas prácticas, la opacidad, la ineficacia y, sobre todo, con su secuestro para ponerlas al servicio de intereses particulares. Se puede empezar renunciando a coches superfluos y con otras cien medidas inmediatas. Pero lo importante es empezar ya, y empezar haciendo política.
Como es natural, esta profunda división desorienta a muchos ciudadanos interesados en qué se puede y debe hacer para solucionar la crisis política que amenaza con destruir todo lo que necesitamos para vivir con decencia, igualdad jurídica y libertad personal. Algo por otra parte inevitable cuando, como es el caso, asistimos a la que amenaza ser muy pronto una formidable crisis constitucional. La pregunta es más o menos esta: por dónde empezamos? Algo así como una versión reformista y cívica del revolucionario Qué hacer? que Lenin escribiera como guión del asalto al poder en Rusia.
Pues bien, en mi opinión lo que urge y lo primero es moralizar la vida pública. Entrar en las instituciones para hacer que actúen de acuerdo con los criterios de la ética pública de la democracia, que es algo bastante sencillo: respetar las leyes y hacerlas cumplir a todos, servir al interés general y no al particular ni partidario, rechazar cualquier corrupción y combatirla con medidas prácticas. Abrir las ventanas, los cajones y los armarios; levantar las alfombras y pasar la escoba; poner sobre la mesa lo que había estado tapado, desde el estado de las cuentas públicas al funcionamiento interno escamoteado al control de todos.
El entusiasmo que ha despertado una medida tan sencilla y de sentido común como el rechazo de los coches oficiales que corresponden a todos los concejales de Madrid –salvo entre sus antiguos beneficiarios, especialmente los de IU- por los cinco de UPyD es solo una muestra de lo extendida que está la urgencia por la moralización de la vida pública. Cuando se pide que se extingan los privilegios de los políticos la mayor parte de la gente reclama que desaparezcan los lujos injustificados –como esos coches oficiales con chófer y escolta que son más un signo de estatus que una medida de seguridad-, y también las zonas de sombra que ocultan al escrutinio público el verdadero funcionamiento de la maquinaria política y administrativa: la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a millones de personas. La vida pública se moraliza no mediante declaraciones altisonantes, sino con cargos públicos austeros que no buscan privilegios para sí ni para sus socios, mediante políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía y con instituciones eficaces que –al menos- resuelvan más problemas de los que crean y aporten más beneficios que costos.
Moralizar la vida pública no es sin embargo el objetivo de la política de regeneración democrática, sino un requisito para su puesta en marcha, el saque que inicia el partido. Su objetivo no es sólo dar buen ejemplo y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que también, sino devolver a las instituciones la legitimidad que han perdido por el mal uso que los viejos partidos han hecho de ellas. Esta legitimidad es indispensable para abordar el debate político que exige una reforma constitucional y para tener autoridad para enfrentar los grandes problemas que ya tenemos en casa: crisis económico-financiera, paro monstruoso (especialmente el juvenil) y desafíos nacionalistas al Estado común que la entrada de Bildu en las instituciones vascas y navarras van a reactivar inmediatamente echando más gasolina al fuego que consume el Estado.
La legitimidad que da la moralización de las instituciones es la convicción de que los cargos públicos no son un hato de corruptos o ineptos que están allí para medrar, sino ciudadanos como la mayoría, dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para resolver los asuntos que se les han encomendado. En definitiva, la seguridad de que, al igual que un bombero, un policía o un médico, un concejal o un diputado está trabajando para resolver los asuntos públicos del mejor modo que sepa. Ese es el clima de opinión indispensable para abordar con seriedad y garantías un debate sobre cómo resolver de una vez la estructura territorial del Estado, cómo acabar con la corrupción, cómo instaurar una justicia independiente o una ley electoral más justa. O la reforma laboral que urge para acabar con el mercado dual y el paro juvenil consecuente.
Conviene recordar que nuestras sociedades modernas son complejas, cambiantes y, en muchos aspectos, impredecibles. Pretender que todos quienes las componemos debemos ponernos de acuerdo en todo –al estilo de las acampadas de “indignados”- no solo es una quimera y una soberana tontería, sino un atentado contra la naturaleza misma de la democracia, entendida como un sistema político que incluye a personas de muy distintas ideas, creencias, expectativas e intereses, organizadas por eso mismo en distintos partidos políticos. Los problemas políticos que tenemos solo va a solucionarlos una política mejor y más democracia, no menos, pero para eso es indispensable que primero moralicemos las instituciones acabando con la corrupción, las malas prácticas, la opacidad, la ineficacia y, sobre todo, con su secuestro para ponerlas al servicio de intereses particulares. Se puede empezar renunciando a coches superfluos y con otras cien medidas inmediatas. Pero lo importante es empezar ya, y empezar haciendo política.
Los politicos Islandeses al banquillo
José Antonio Zarzalejos - 08/06/2011
Aunque los medios convencionales interpretan en tono menor el juicio al que va ser sometido por dejación de funciones y negligencia el ex primer ministro de Islandia, Geer H. Haarde, la noticia es de una gran importancia. El político islandés propició la quiebra de su país porque desoyó, según el fiscal, las advertencias sobre el derrumbamiento de la solvencia de los bancos islandeses y el colapso de su economía. Hasta el momento, la gestión política de la crisis, haya sido regular o mala, no ha sentado en el banquillo a ningún político. Pese a que en muchos casos mintieron -como en Grecia-, en otros ocultaron -como en Portugal- y, en algunos -como en Irlanda- retrasaron las medidas necesarias. Los tres países han sido rescatados. Y en Irlanda y Portugal se han producido recentísimos vuelcos electorales.
Los políticos creen que las responsabilidades por su gestión se saldan con el veredicto de las urnas. No siempre debería ser así. El caso islandés abre el camino para que cuando se pueda deducir fehacientemente la existencia de conductas temerarias en el gasto público -es decir, gravemente negligentes- se pase de la responsabilidad política a la penal. O se abre una nueva etapa en la exigencia de la sociedad hacia sus políticos -casi siempre impunes por sus errores- o estamos condenados a que el Antiguo Régimen, previo a la crisis, continúe después de ella. Sólo con la espada de Damocles de la responsabilidad criminal por imprudencia temeraria los gestores públicos acentuarán su instinto de conservación y serán comedidos y administradores escrupulosos.
La situación en España responde, en una medida difícil de determinar, al sobreseimiento gubernamental, primero, en reconocer la crisis, y, después, en adoptar medidas. Para Rodríguez Zapatero, durante 2008 y buena parte de 2009 la crisis era una mera desaceleración y, sólo en 2010, tomó medidas, cuando las instancias internacionales le mostraron el precipicio al que España se asomaba peligrosamente.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable, pero no imposible
La decisión que adoptó el Gobierno socialista de suprimir el techo de gasto de las comunidades autónomas se está revelando como otro de sus grandes y graves errores.El informe del lunes pasado de la agencia Moody´s en el que se asegura que el Estado carece de recursos para imponerse a las autonomías y que el déficit de alguna de éstas podrían frustrar cualquier esfuerzo general para enderezar las cuentas públicas españolas, es la prueba definitiva de la lenidad, gravísima, con la que ha actuado el Gobierno de Zapatero.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable (¿con esta fiscalía general del Estado?), pero no imposible. Aquellos que engañan sobre las cifras de déficit -y lo hagan a sabiendas del embuste que perpetran-; aquellos que destruyen documentos que probarían su imprudencia en iniciativas despilfarradoras e innecesarias; aquellos que han apoyado -comprometiendo bien a la hacienda autonómica bien a las cajas de sus comunidades- decisiones sobre infraestructuras a mayor gloria de su propia vanidad y que quedan como monumentos a su irresponsabilidad, bien podrían ser acusados por temeridad o dolo eventual de algunos de los delitos que tienen que ver con la administración de los recursos comunes.
El futuro de la política no es la confortabilidad en el poder sino la máxima exigencia en el cuidado en el gasto de los dineros de los ciudadanos. La sanción a aquellos que yerren temerariamente en la administración de los recursos públicos no puede ser ya su mero relevo: deben responder penalmente como va a hacerlo de inmediato el ex primer ministro islandés. Aviso a navegantes en estos días en que podría ponerse encima de la mesacifras y datos que agraven la situación española hasta límites que quizás, en este momento, no somos capaces de sospechar.
No estamos hablando, sólo, de la letal morosidad de la Administración; no nos estamos refiriendo a gastos consuntivos concretos: lo estamos haciendo a iniciativas consumadas que han llevado a la ruina a determinadas autonomías y que están arrastrando la viabilidad del Estado en su actual conformación. Estamos hablando, en consecuencia, de una temeridad delictiva, punible. Más o menos como la que seguramente contrajo en Islandia Geer H. Haarde. LeanMeltdownIceland (Islandia fundida) de Roger Boyes y les asaltarán evocaciones nacionales
Aunque los medios convencionales interpretan en tono menor el juicio al que va ser sometido por dejación de funciones y negligencia el ex primer ministro de Islandia, Geer H. Haarde, la noticia es de una gran importancia. El político islandés propició la quiebra de su país porque desoyó, según el fiscal, las advertencias sobre el derrumbamiento de la solvencia de los bancos islandeses y el colapso de su economía. Hasta el momento, la gestión política de la crisis, haya sido regular o mala, no ha sentado en el banquillo a ningún político. Pese a que en muchos casos mintieron -como en Grecia-, en otros ocultaron -como en Portugal- y, en algunos -como en Irlanda- retrasaron las medidas necesarias. Los tres países han sido rescatados. Y en Irlanda y Portugal se han producido recentísimos vuelcos electorales.
Los políticos creen que las responsabilidades por su gestión se saldan con el veredicto de las urnas. No siempre debería ser así. El caso islandés abre el camino para que cuando se pueda deducir fehacientemente la existencia de conductas temerarias en el gasto público -es decir, gravemente negligentes- se pase de la responsabilidad política a la penal. O se abre una nueva etapa en la exigencia de la sociedad hacia sus políticos -casi siempre impunes por sus errores- o estamos condenados a que el Antiguo Régimen, previo a la crisis, continúe después de ella. Sólo con la espada de Damocles de la responsabilidad criminal por imprudencia temeraria los gestores públicos acentuarán su instinto de conservación y serán comedidos y administradores escrupulosos.
La situación en España responde, en una medida difícil de determinar, al sobreseimiento gubernamental, primero, en reconocer la crisis, y, después, en adoptar medidas. Para Rodríguez Zapatero, durante 2008 y buena parte de 2009 la crisis era una mera desaceleración y, sólo en 2010, tomó medidas, cuando las instancias internacionales le mostraron el precipicio al que España se asomaba peligrosamente.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable, pero no imposible
La decisión que adoptó el Gobierno socialista de suprimir el techo de gasto de las comunidades autónomas se está revelando como otro de sus grandes y graves errores.El informe del lunes pasado de la agencia Moody´s en el que se asegura que el Estado carece de recursos para imponerse a las autonomías y que el déficit de alguna de éstas podrían frustrar cualquier esfuerzo general para enderezar las cuentas públicas españolas, es la prueba definitiva de la lenidad, gravísima, con la que ha actuado el Gobierno de Zapatero.
¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable (¿con esta fiscalía general del Estado?), pero no imposible. Aquellos que engañan sobre las cifras de déficit -y lo hagan a sabiendas del embuste que perpetran-; aquellos que destruyen documentos que probarían su imprudencia en iniciativas despilfarradoras e innecesarias; aquellos que han apoyado -comprometiendo bien a la hacienda autonómica bien a las cajas de sus comunidades- decisiones sobre infraestructuras a mayor gloria de su propia vanidad y que quedan como monumentos a su irresponsabilidad, bien podrían ser acusados por temeridad o dolo eventual de algunos de los delitos que tienen que ver con la administración de los recursos comunes.
El futuro de la política no es la confortabilidad en el poder sino la máxima exigencia en el cuidado en el gasto de los dineros de los ciudadanos. La sanción a aquellos que yerren temerariamente en la administración de los recursos públicos no puede ser ya su mero relevo: deben responder penalmente como va a hacerlo de inmediato el ex primer ministro islandés. Aviso a navegantes en estos días en que podría ponerse encima de la mesacifras y datos que agraven la situación española hasta límites que quizás, en este momento, no somos capaces de sospechar.
No estamos hablando, sólo, de la letal morosidad de la Administración; no nos estamos refiriendo a gastos consuntivos concretos: lo estamos haciendo a iniciativas consumadas que han llevado a la ruina a determinadas autonomías y que están arrastrando la viabilidad del Estado en su actual conformación. Estamos hablando, en consecuencia, de una temeridad delictiva, punible. Más o menos como la que seguramente contrajo en Islandia Geer H. Haarde. LeanMeltdownIceland (Islandia fundida) de Roger Boyes y les asaltarán evocaciones nacionales
Frases de un iluninao
1º. "No son parados, son personas que se han apuntado al paro".
2º. "Lo de que hay crisis es opinable".
3º. "Mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro".
4º. "Hoy estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor que hoy"
5º. "Estamos en la Champions League de la economía".
6º. "La crisis de las hipotecas subprime no afectara a España, eso es cosa de EEUU".
7º. "Haré del parlamento el centro de la política nacional".
8º. "España tiene el mejor sistema financiero de la comunidad internacional".
9º. "Necesitamos que nuestros hijos reciban una buena educación para la ciudadanía para que vean el mundo en colores".
10º. "UGT, necesito vuestro apoyo y vuestro cariño".
11º. "Somos la 8ª potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con Italia".
12º. "La derecha reaccionaria nos ha llevado al capitalismo salvaje".
13º. "España ha vuelto al corazón de Europa".
14º. "Estoy muy de acuerdo en multar a los establecimientos que no rotulen en catalán".
15º. "El cambio climático causa más muertes que el terrorismo internacional".
16º. "El cambio climático es una de las causas de la recesión".
17º. "EEUU sumió al mundo en la crisis y la Unión Europea le sacará de ella."
18º. "La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama"
19º. "La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo".
20º. "La crisis es una falacia, puro catastrofismo."
21º. "La vuelta al crecimiento económico es inminente"
22º. "España no se rompe, está más unida que nunca"
23º. "España está a punto de salir de la crisis, si no lo ha hecho ya"
24º. "La Tierra no es de nadie, pertenece... al Viento" (aquí ya iba muy pasao...)
2º. "Lo de que hay crisis es opinable".
3º. "Mientras yo sea presidente no habrá trasvase del Ebro".
4º. "Hoy estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor que hoy"
5º. "Estamos en la Champions League de la economía".
6º. "La crisis de las hipotecas subprime no afectara a España, eso es cosa de EEUU".
7º. "Haré del parlamento el centro de la política nacional".
8º. "España tiene el mejor sistema financiero de la comunidad internacional".
9º. "Necesitamos que nuestros hijos reciban una buena educación para la ciudadanía para que vean el mundo en colores".
10º. "UGT, necesito vuestro apoyo y vuestro cariño".
11º. "Somos la 8ª potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con Italia".
12º. "La derecha reaccionaria nos ha llevado al capitalismo salvaje".
13º. "España ha vuelto al corazón de Europa".
14º. "Estoy muy de acuerdo en multar a los establecimientos que no rotulen en catalán".
15º. "El cambio climático causa más muertes que el terrorismo internacional".
16º. "El cambio climático es una de las causas de la recesión".
17º. "EEUU sumió al mundo en la crisis y la Unión Europea le sacará de ella."
18º. "La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama"
19º. "La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo".
20º. "La crisis es una falacia, puro catastrofismo."
21º. "La vuelta al crecimiento económico es inminente"
22º. "España no se rompe, está más unida que nunca"
23º. "España está a punto de salir de la crisis, si no lo ha hecho ya"
24º. "La Tierra no es de nadie, pertenece... al Viento" (aquí ya iba muy pasao...)
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