Los politicos Islandeses al banquillo

José Antonio Zarzalejos - 08/06/2011
Aunque los medios convencionales interpretan en tono menor el juicio al que va ser sometido por dejación de funciones y negligencia el ex primer ministro de Islandia, Geer H. Haarde, la noticia es de una gran importancia. El político islandés propició la quiebra de su país porque desoyó, según el fiscal, las advertencias sobre el derrumbamiento de la solvencia de los bancos islandeses y el colapso de su economía. Hasta el momento, la gestión política de la crisis, haya sido regular o mala, no ha sentado en el banquillo a ningún político. Pese a que en muchos casos mintieron -como en Grecia-, en otros ocultaron -como en Portugal- y, en algunos -como en Irlanda- retrasaron las medidas necesarias. Los tres países han sido rescatados. Y en Irlanda y Portugal se han producido recentísimos vuelcos electorales.

Los políticos creen que las responsabilidades por su gestión se saldan con el veredicto de las urnas. No siempre debería ser así. El caso islandés abre el camino para que cuando se pueda deducir fehacientemente la existencia de conductas temerarias en el gasto público -es decir, gravemente negligentes- se pase de la responsabilidad política a la penal. O se abre una nueva etapa en la exigencia de la sociedad hacia sus políticos -casi siempre impunes por sus errores- o estamos condenados a que el Antiguo Régimen, previo a la crisis, continúe después de ella. Sólo con la espada de Damocles de la responsabilidad criminal por imprudencia temeraria los gestores públicos acentuarán su instinto de conservación y serán comedidos y administradores escrupulosos.

La situación en España responde, en una medida difícil de determinar, al sobreseimiento gubernamental, primero, en reconocer la crisis, y, después, en adoptar medidas. Para Rodríguez Zapatero, durante 2008 y buena parte de 2009 la crisis era una mera desaceleración y, sólo en 2010, tomó medidas, cuando las instancias internacionales le mostraron el precipicio al que España se asomaba peligrosamente.

¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable, pero no imposible
La decisión que adoptó el Gobierno socialista de suprimir el techo de gasto de las comunidades autónomas se está revelando como otro de sus grandes y graves errores.El informe del lunes pasado de la agencia Moody´s en el que se asegura que el Estado carece de recursos para imponerse a las autonomías y que el déficit de alguna de éstas podrían frustrar cualquier esfuerzo general para enderezar las cuentas públicas españolas, es la prueba definitiva de la lenidad, gravísima, con la que ha actuado el Gobierno de Zapatero.

¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable (¿con esta fiscalía general del Estado?), pero no imposible. Aquellos que engañan sobre las cifras de déficit -y lo hagan a sabiendas del embuste que perpetran-; aquellos que destruyen documentos que probarían su imprudencia en iniciativas despilfarradoras e innecesarias; aquellos que han apoyado -comprometiendo bien a la hacienda autonómica bien a las cajas de sus comunidades- decisiones sobre infraestructuras a mayor gloria de su propia vanidad y que quedan como monumentos a su irresponsabilidad, bien podrían ser acusados por temeridad o dolo eventual de algunos de los delitos que tienen que ver con la administración de los recursos comunes.

El futuro de la política no es la confortabilidad en el poder sino la máxima exigencia en el cuidado en el gasto de los dineros de los ciudadanos. La sanción a aquellos que yerren temerariamente en la administración de los recursos públicos no puede ser ya su mero relevo: deben responder penalmente como va a hacerlo de inmediato el ex primer ministro islandés. Aviso a navegantes en estos días en que podría ponerse encima de la mesacifras y datos que agraven la situación española hasta límites que quizás, en este momento, no somos capaces de sospechar.

No estamos hablando, sólo, de la letal morosidad de la Administración; no nos estamos refiriendo a gastos consuntivos concretos: lo estamos haciendo a iniciativas consumadas que han llevado a la ruina a determinadas autonomías y que están arrastrando la viabilidad del Estado en su actual conformación. Estamos hablando, en consecuencia, de una temeridad delictiva, punible. Más o menos como la que seguramente contrajo en Islandia Geer H. Haarde. LeanMeltdownIceland (Islandia fundida) de Roger Boyes y les asaltarán evocaciones nacionales