El gobierno paga comisiones millonarias a intermediarios.

Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana, de los que ya se han entregado cuatro. El contrato fue rubricado el 28 de noviembre de ese año. Pues bien, unos días antes, el 30 de septiembre de 2005, Navantia firmaba un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd, por el cual esta firma cobraría una comisión del 3,5% de la venta. El precio de los ocho buques es de 1.207 millones de euros, por lo que el intermediario se reserva casi 42 millones de euros.

Así lo refleja un documento interno de Navantia titulado “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial – Contrato de Patrulleros POVZEE y BVL para la Armada de Venezuela”, al que ha tenido acceso El Confidencial, y que fue aprobado por la Dirección de Control y Auditoría el 26 de mayo de 2006. En esa fecha Rebazve Holding Ltd. ya había girado las dos primeras facturas, por un importe total de 3,66 millones de euros, ya que el intermediario cobra sus comisiones a medida que la Armada venezolana va haciendo los pagos a Navantia.
Según las fuentes consultadas, la empresa pública española no debería haber pagado comisiones por esta venta, ya que era un acuerdo que se cerró entre los gobiernos de España y Venezuela. “Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un bróker que se lleva un uno por ciento, porque es el que consigue al cliente, pero entre gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas”, afirma un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. Por su parte, un reconocido abogado maritimista español sostiene que un 3,5% de comisión en un contrato de 1.200 millones de euros es una “brutalidad”.
Es más. El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó públicamente en varias ocasiones que con el encargo “queríamos ayudar a España porque el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado”. El encargo fue una bendición para el astillero de San Fernando–Puerto Real, que se garantizó unos cinco años de trabajo. El ministro de Defensa en esa fecha, José Bono, que fue quien preparó la venta, acudió a la firma del contrato en Caracas junto al entonces presidente de Navantia.
Lo que no está nada claro es qué ha hecho Rebazve para cobrar más de 40 millones de euros de Navantia, los astilleros militares públicos que nacieron en 2005 de la segregación del Grupo Izar. El entonces presidente de la empresa pública, Juan Pedro Gómez Jaén, ahora al frente de la filial Sainsel Sistemas Navales S.A., ha declinado responder a El Confidencialalegando que es un asunto competencia de Navantia. Fuentes oficiales de los astilleros públicos se han limitado a decir que “Rebazve ha estado históricamente en las operaciones de venta a Venezuela”. A la pregunta de por qué concepto se le paga una comisión de 42 millones de euros cuando fue una venta conseguida por Zapatero y Bono, las mismas fuentes sugieren: “Pregunta en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Pero el citado ministerio tampoco ha respondido a la petición de El Confidencial.