El despilfarro de 5000 coches oficiales.

6 de Junio de 2011



¿Tendrá éxito el ejemplo de UPyD de «bajarse» del coche oficial? Éste es el gran informe sobre un privilegio que nos cuesta 240 millones al año
l programa de Jesús Gómez, ganador de las elecciones de Leganés (Madrid), tiene una propuesta estrella: que todos sus vecinos disfruten de un coche igualito al de Nicolas Sarkozy el día de su boda. «Heredaré del anterior alcalde el renting de un Citroën C6», explica Gómez, del PP. «No lo quiero para mí, pero igual sale más caro romper el contrato que guardar el coche. Para eso, que lo disfruten los vecinos... Lo alquilaremos por 50 euros al día».


Gómez no está solo en su cruzada anti-coche. En la España post 15-M, cada vez más políticos se están distanciando del símbolo por excelencia de los privilegios de su clan. Esta semana, los cinco concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid inflamaron el debate al renunciar a sus vehículos. «Les hemos pillado desprevenidos», presume su líder, David Ortega. «Iremos a trabajar en metro o en autobús, que se llega antes».


Tan calurosa fue la acogida popular a este gesto que el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, tuvo que anunciar el miércoles un recorte a su flota. Y, esa misma tarde, Mariano Rajoy prometió que las comunidades del PP le imitarán. ¿Un tic populista en tiempos de crisis? Es posible. Pero también un gesto sin precedentes en una casta aferrada a sus privilegios.


Lo que nadie sabe es cuánto nos ahorraríamos si, por ejemplo, la mitad de los políticos se apearan del coche oficial. La razón es simple: no existe un censo unificado de vehículos oficiales. Cada institución contrata coches a su antojo y no rinde cuentas a nadie... Es la metáfora perfecta del despendole presupuestario de la España de la burbuja.


Esta semana, Crónica trató de iluminar este punto ciego de los presupuestos españoles. Para lograrlo, realizó insistentes llamadas a más de 250 instituciones: ministerios, comunidades, diputaciones, ayuntamientos... Y, tras tabular los resultados, alcanzó una estimación de más de 3.600 coches entre el Estado Central (781), las CCAA (1.450), las diputaciones (400) y los ayuntamientos (1.000).


A este dato habría que añadir numerosos vehículos adicionales. Se ignora, por ejemplo, cuántos coches hay dispersos entre miles de empresas y entes públicos, ya sean del Estado central (454) o de otras administraciones. En Euskadi, por ejemplo, tienen coche seis directivos de Euskotren, cuatro directores de parques tecnológicos, el director de la Orquesta Sinfónica... Tampoco se sabe cuántos altos cargos gozan de coches oficiales dependientes del Ejército, la Policía o la Guardia Civil, por motivos de seguridad. Incluyendo estos datos, la cifra definitiva podría alcanzar los 5.000.


Un censo oficioso que el Estado no puede confirmar (ni desmentir) por falta de datos propios. «Nunca se ha hecho un recuento», admiten en el ministerio de Administración Pública. «No se sabe, no existe un listado de esos coches», confirman en la DGT. «Pufffff, imposible saberlo», zanjan en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y cada institución le pasa la bola a la siguiente...


«Es un caso clarísimo de opacidad voluntaria», denuncia Javier Díaz-Giménez, ex asesor del Gobierno y profesor del IESE. «Si se supiera cuantos coches hay, los funcionarios no habrían aceptado los recortes con tanta deportividad. Los políticos son los primeros interesados en ocultar el dato».


Hasta ahora, el único recuento global lo hizo la Asociación Italiana de Contribuyentes. En el ranking mundial, publicado en The Economist, España quedaba en séptima plaza, con 42.000 coches: más que Japón, con una población tres veces mayor. Al parecer, la enorme cifra se debe a que el sondeo no sólo incluía coches oficiales, sino todos los vehículos en manos de funcionarios. [En todo caso apiadémonos del contribuyente italiano, que financia 629.000 vehículos].


Sea cual sea el dato preciso, el gasto resulta colosal. Cada vehículo del Parque Móvil del Estado cuesta 48.303 euros al año. Si lo multiplicásemos por 5.000 coches oficiales, daría 241 millones.


Éste es el elevado precio de la adicción de los políticos al chófer. Y la razón va más allá de viajar cómodos. «Es una señal de estatus», dice Antoni Gutiérrez-Rubi, experto en comunicación política. «Un signo de que mandas, de que estás en el sistema... Por eso es el gran símbolo de los privilegios del político».


Y, por esos mismos motivos, se ha convertido ahora en el mayor enemigo del ciudadano cabreado. En las protestas del 15-M, todos clamaban contra este tipo de prebendas. «No hay pan para tanto chorizo», fue uno de los eslóganes más populares.


De ahí que este conato de austeridad enorgullezca a los cabecillas del movimiento. «Celebramos estos gestos», dice Fabio Gándara, padre del 15-M. «Pero queremos hechos, no palabras... Vamos a seguir presionando».


Y la tendencia persistirá. Vapuleados por la crisis, los ciudadanos exigen que los que mandan también se sacrifiquen. «La gente se siente ninguneada», dice Gutiérrez-Rubi. «Por eso, exige penitencia pública a los políticos, a veces hasta extremos irracionales... Y si tienen que ir en metro al trabajo, que vayan».


Herencia de la II República
ESTADO

Este año, los altos cargos del Estado recorrerán 13 millones de kilómetros a bordo de sus vehículos oficiales: 34 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Para cubrir este trayecto, sus motores quemarán 1,39 millones de litros de combustible. Y la factura por todo ello irá directa al bolsillo del contribuyente: 47,42 millones de euros al año.


El centro de este fabuloso dispendio es el Parque Móvil del Estado, una de las instituciones con más solera de España. Nacido en la II República, sobrevivió a la guerra, el franquismo, la democracia... La conclusión es clara: los regímenes se van, pero el coche permanece.


De media, cada uno de los 982 vehículos- de ellos, 781 coches oficiales- del Parque cuesta 48.303 euros al año. Los gastos son infinitos: comprarlos, ponerlos a punto, asegurarlos, llenarles el depósito... Pero, de lejos, la partida más cara es la de personal, que absorbe el 88% del presupuesto. En total, el Parque Móvil cuenta con 1.281 empleados, de los que 1.023 son conductores.


El mayor cliente del Parque es el Gobierno, con 325 coches. El ministerio más gastón es, curiosamente, el encargado de custodiar el dinero: Economía, con 53 vehículos. Le siguen, en la lejanía, Presidencia (28), Exteriores (26) y Sanidad (26). Los más austeros son Cultura (12), Interior (13) y Ciencia (13).


Los modelos más frecuentes son el Peugeot 407, el Alfa Romeo 166, el Renault Mégane y el Ford Mondeo. A bordo de estos coches viajan los cargos de gama media como subsecretarios, directores generales, subdelegados del Gobierno... El Parque reserva sus cochazos de gama alta para sus clientes VIP: vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado... Su marca favorita es la alemana Audi, con el A6 y el A8 como modelos más habituales.


Por motivos de seguridad, el Gobierno no detalla los modelos que emplean todos sus ministros. Sí que se sabe, por ejemplo, que el presidente Zapatero suele viajar en un Audi A8 ultrablindado. Además, dispone de una flotilla de todoterrenos Nissan Patrol que le acompañan cuando sale al monte de El Pardo a hacer footing.


Aparte, el Parque presta sus servicios a una docena de instituciones, que absorben más de 200 vehículos diarios. Tanto el Congreso como el Senado disponen de 17 coches oficiales. También cubre las necesidades de la Casa Real, que no ofrece datos oficiales sobre su flota. Sin embargo, se estima que cuenta con varias decenas, más los coches de la colección privada del rey.


Aparte, está la Audiencia Nacional (23), el CGPJ (22), el Supremo (23), la Fiscalía (16), el Tribunal de Cuentas (12), el Consejo de Estado (10), el Defensor del Pueblo (3)... Además, el Tribunal Constitucional (16) no sólo ofrece coches a sus magistrados: también a su expresidenta, María Emilia de las Casas.


En los últimos años, el Parque ha emprendido una renovación de la flota para ahorrar energía. Así, la antigüedad media de cada vehículo roza los 6,3 años. Además, ha adquirido 70 vehículos de combustible ecológico. Así que, a partir de ahora, los políticos no sólo viajarán cómodos: también tendrán su conciencia verde tranquila.

LEl Gobierno dispone de 325 coches oficiales. El ministerio más «gastón» es Economía, con 53. El menos, Cultura, con 12.


LTambién tienen el Congreso (17), el Senado (17), el Supremo (23), el CGPJ (22), el Constitucional (16), el Tribunal de Cuentas (12)...


LCada vehículo estatal cuesta 48.303 euros, recorre 13.217 km y consume 1.415 litros de combustible al año. El presupuesto total es de 47,42 millones de euros. El 88% se gasta en personal.


LLos ministros viajan en coches de lujo, sobre todo Audi. Otros cargos van en Peugeot 407, Alfa Romeo 166, Ford Mondeo...

1.450
El doble que el Estado
ccaa
Si el dispendio del Parque Móvil del Estado es fabuloso, todavía impresiona más el autonómico. Los 1.450 coches que forman la flota de coches oficiales de las CCAA casi duplican la del Estado. Así, masajear los egos de los políticos autonómicos nos cuesta 70,03 millones de euros al año, si tomamos como referencia el coste por vehículo de la Administración central.


Entre las comunidades más manirrotas destacan País Vasco (275), Andalucía (275), Valencia (117), Extremadura (116) y Cataluña (94). Mientras, las más austeras son Cantabria (13), La Rioja (16), Navarra (20) y Asturias (20). Eso, claro está, sin contar las dos ciudades autónomas, las únicas que se conforman con un sólo dígito en su flota: Ceuta (4) y Melilla (3).


De lejos, la marca predilecta de los jefazos autonómicos es Audi. Once de los presidentes (Valencia, Aragón, Madrid...) usan berlinas de esta marca, especialmente del modelo A8, cuya versión más sencilla cuesta 80.000 euros. Algunos, en cambio, se contentan con un Volvo S80 (Baleares) o un Renault Vel Satis (Castilla y León). Mientras, el gallego Feijóo (85 coches) ha sustituido el célebre A8 blindado de su predecesor, valorado en 480.000 euros -más que el Cadillac de Obama- por un Citroën C6, el de Sarko.


Pese a sus publicitados viajes en taxi a La Moncloa, el cántabro Miguel Ángel Revilla, derrotado el 22-M, dispone de un Peugeot 607. Mientras, el riojano Pedro Sanz se mueve en un A8, pero en sus ratos libres pasea por Logroño a bordo de un viejísimo Seat 600 privado.


En muchas comunidades, no sólo disfrutan de esta prebenda los presidentes y los consejeros. En Euskadi, por ejemplo, es raro el político que no va a trabajar con chófer. Entre ellos, los 135 directores del Gobierno, el cuarto peldaño de la Administración. Y también los jefes de Lanbide (el Inem vasco), Izenpe (empresa de certificación en internet) o Habe (programa de alfabetización en euskara para adultos), entre decenas de altos cargos de entes públicos.


Aunque la Junta de Andalucía no ofreció datos actualizados, se sabe que cuenta con una flota de tamaño similar, aunque esté vendiendo algunos. El presidente se mueve en un Audi A8; sus consejeros en A6, BMW 530 e incluso un Lexus GS 450 híbrido. Luego están los directores, los secretarios generales, los delegados provinciales... Y así hasta sumar unos 275 privilegiados, entre los que se encuentra la directora del patronato de la Alhambra.


En relación a su tamaño, quizá la autonomía más generosa sea Extremadura. El presidente goza de un A8 y un Volvo S80 y sus consejeros viajan en berlinas de gama alta: A6, Peugeot 607, Volkswagen Passat... Mientras, el expresidente Ibarra tiene cuatro coches: un A8, un A6, un Peugeot 407 y un Citröen C5.


El extremeño es uno de los exmandatarios que siguen disponiendo de un coche oficial. Hay otros 12 privilegiados: Pujol, Leguina, Maragall, Ibarretxe... Y la cifra irá creciendo a medida que se vayan jubilando: un nuevo lastre para las vapuleadas cuentas de las CCAA.

400
Todos en Audi A6
diputaciones
En las diputaciones provinciales no eres nadie si no te llevan al trabajo en un Audi. Al menos, así lo indica el estudio de Crónica: el 70% de los presidentes de estas instituciones viaja en un coche de la marca alemana. Eso sí, la mayoría no aspira al A8 del que presumen tantos presidentes autonómicos; ellos se conforman con un modesto A6, valorado en unos 50.000 euros.


En total, las diputaciones acumulan unos 400 vehículos oficiales en sus garajes. Así, su gasto estimado sería de 19,32 millones de euros al año. Una cifra astronómica, pero que palidece ante los 22.000 millones del presupuesto de estas instituciones, entre diputaciones, consells y cabildos insulares. Es decir, el cuádruple de lo ahorrado el año pasado con el zapatazo a pensionistas y funcionarios.


La diputación más gastona es la de Vizcaya, con 29 vehículos a disposición de su cúpula. Su diputado general, José Luis Bilbao (PNV), cambia de coche a menudo por motivos de seguridad. Eso sí, se sabe que los modelos más frecuentes en el garaje de su institución son el Ford Mondeo y el Peugeot 607.


Quien sí viaja cómodo al trabajo es su homólogo de Álava, Xabier Agirre (PNV). Hace tres años, nada más ser nombrado presidente, se regaló un Mercedes-Benz S320 de 108.000 euros con todas las comodidades. Mientras, los nueve miembros de su Consejo de Diputados comparten cuatro A6 y dos Peugeot 607.


Otro privilegiado es el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Francisco Pulido. Cada mañana le recoge un BMW Serie 7, cuyas versiones más sencillas cuestan 80.000 euros. Para el resto de miembros de la diputación reserva seis Honda Accord y cuatro Peugeot 407.


Tras Vizcaya, el mayor parque de vehículos lo disfruta la Diputación de Barcelona. Antoni Fogué Moya (PSC) viaja en el coche más habitual para su condición de presidente: un A6. El resto de altos cargos se reparte 21 vehículos: ocho VW Passat, seis Seat Exeo y siete Peugeot 407.


Las 34 instituciones que respondieron el cuestionario de Crónica cuentan con flota propia. Eso sí, las más austeras sólo mantienen un coche. En Menorca, el presidente tiene el uso exclusivo de un Volvo S40, mientras que en Palencia los diputados comparten un Peugeot 607 de ocho años de antigüedad.


Pero lo suyo es una excepción. Lo habitual son flotas más generosas. Por ejemplo, la de Cáceres: un A6 y 15 VW Passat. O la de Almería: un A8, 12 Passat y dos Renault Mégane. O la de Guipúzcoa: un BMW 525, un A6, un Mondeo y cuatro Saab...


Y así hasta los 400 coches de una capa de la Administración cuyas competencias son, en el mejor de los casos, vaporosas. Hace justo un año, el ministro José Blanco provocó un incendio político al cuestionar su existencia: «¿Tiene sentido que sigan existiendo las diputaciones provinciales en una administración tan descentralizada?».


De aquel globo-sonda nunca más se supo. Aunque si el ministro de Fomento quiere cumplir su palabra, ya sabe por dónde empezar su recorte: por el garaje.

LVizcaya tiene la mayor flota: 29. Le siguen Barcelona (22), Valencia (20), Badajoz (17), Cáceres (16) y Sevilla (16).


LEl 70% de los presidentes viaja en un Audi, sobre todo A6. Mientras, el de Álava se «regaló» un Mercedes de 108.000€ nada más llegar al cargo. Al de Córdoba lo recogen en un BMW serie 7.


LEl gasto estimado de las diputaciones es de 19,32 millones .


LSólo dos diputaciones tienen un único coche: Menorca (un Volvo S40 para el presidente) y Palencia (un Peugeot 607 para todos los diputados). Le siguen las de Soria, Zamora y Cuenca, con dos.

1.000
En pueblos de 2.000 habitantes
municipios
Ni caciques ni marqueses; el verdadero señor de los pueblos de España es el señor alcalde. Poco importa el número de habitantes, la superficie del municipio o la eficacia del transporte público.


En total, los ayuntamientos españoles gastan unos 48.303.000 euros al año. El dato corresponde a un parque móvil total de 1.000 vehículos; un recuento aproximado sobre las cifras oficiales recabadas en las capitales de provincia y otros ayuntamientos, lo que supone tan sólo una pequeña parte de los 8.116 municipios que existen en España.


El ayuntamiento más motorizado es, sin duda, el de Madrid, con 148 coches oficiales, de los que 57 son para cada uno de los concejales, otro es de uso del secretario del Pleno y 90 están destinados para incidencias. La razón, explicaba un portavoz municipal, es un informe del Ministerio de Interior que alertaba de seguimientos a ediles municipales. Alberto Ruiz Gallardón acaba de anunciar que limitaría el parque móvil del consistorio a uno por distrito (hay 21 distritos en la capital), uno por área de Gobierno y uno por portavoz municipal. Como apunte, la mayoría de los distritos madrileños apenas superan los cinco kilómetros cuadrados. Gallardón conducía un Audi A6 blindado, que costó a los madrileños casi 600.000 euros, y que recientemente ha cambiado por un Toyota Prius híbrido.


La tendencia ecologista, seguida también por el Ayuntamiento de Murcia, fue iniciada por Abel Caballero, el primer edil en utilizar un Peugeot eléctrico.


Sólo otro ayuntamiento, el valenciano, cuenta con un coche por concejal. La alcaldía dirigida por Rita Barberá suma 36 vehículos, entre ellos el Audi A6 de la primera edil.


La alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, dispone de tres coches oficiales: un Citroën Xantia para recorridos cortos, un Volkswagen Phaeton para los trayectos largos y un Audi de alta gama. El resto de ediles del ayuntamiento tienen asignados vehículos de Interior, por razones de seguridad.


El reparto más austero puede hallarse en La Rioja, donde el Ayuntamiento de Logroño dispone de tres coches oficiales -dos Renault Laguna y un monovolumen Mercedes-, mientras el primer edil de Calahorra, la segunda ciudad, utiliza su vehículo particular.


El ciudadano vigila y, quizá por eso, los casos de abuso en materia de coches oficiales cometidos por los políticos más cercanos a sus votantes se multiplican. Como el de Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca (Segovia), de 2.000 habitantes, quien se compró un Renault Vel Satis como el de los consejeros de Castilla y León. O el de Alfredo Sánchez Monteseirín, de Sevilla, que viajó en avión a Barcelona para asistir a la final de la Copa del Rey en 2010, pero envió su coche oficial 1.100 kilómetros por carretera, con chófer y escolta, para que lo recogiera en el aeropuerto. O, cómo no, el de Jesús Sola, de Herrera de los Navarros (Zaragoza), acusado de pagar 22.000 euros a su chófer (su sueldo es de 44.000 euros) con fondos europeos destinados a la lucha contra la violencia de género.